Las entidades financieras han quedado sumamente expuestas en esta crisis. Sus irresponsabilidades y su casi nula condescendencia con sus clientes ha enfurecido a muchos españoles que han visto sucumbir sus proyectos.

El escaso acceso a la financiación de las familias y las pymes desató un enfado con justificaciones valederas, mientras la banca salía a prestarle a sectores más frivolos. Por eso, es bueno que se intente encontrar de lleno una cura a la enfermedad, y no solo se compren aspirinas.

Lo cierto es que mientras se discuten otros temas, aparece detrás de bambalinas una noticia ciertamente interesante, que velará por los intereses de los consumidores, mientras la banca debe estar mordiendose los codos.

El Gobierno está preparando un anteproyecto de ley de crédito al consumo con dos puntos muy importantes. El primero de ellos establece como punto central que las entidades financieras deberán comunicar a su clientela, el coste total de la deuda que asume en caso de solicitar un préstamo. Esto incluye, intereses y comisiones.

Increíble pero real, por una vez los políticos españoles se enfrentarán a los intereses económicos para defender a los ciudadanos. Aprovechemos, porque lo bueno dura poco. Sin embargo, esta medida no ha nacido de adentro, sino que tiene cierta “imposición” europea, ya que proviene de una directiva que traspasa las fronteras nacionales.

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