Europa maniata a las agencias de calificación

Asumir responsabilidades es algo que no se les da especialmente bien a los políticos en general, y a los europeos en particular. Así que mientras nuestros gobernantes se afanan en buscar una salida a la crisis que vivimos, buscan también un cabeza de turco al que echar las culpas de todos nuestros males. Y parece que en Europa ya la hemos encontrado: las agencias de calificación.

Estoy de acuerdo en que están totalmente desacreditadas, que utilizan criterios arbitrarios, que actúan a capricho y que no han sido capaces de prever la crisis ni detectar los problemas de la banca. Pero de ahí a decir, como señala el Parlamento Europeo, que los gobiernos –por culpa de las agencias-  “se ven obligados a ejecutar recortes presupuestarios para compensar el encarecimiento del coste de financiarse emitiendo deuda, convirtiendo al ciudadano en la víctima”, hay un trecho. Más que nada, porque digo yo que en la actual coyuntura económica algo tendrá que ver que entre los 27 haya un paro del 11,8%, una deuda del 82.5% del PIB, y un déficit del 4.1%.

Pero como los datos dan igual, y de lo que se trata es de cortarle la cabeza al culpable, Bruselas acaba de aprobar las nuevas normas por las que se van a regir las agencias de calificación. Unas normativas que, sinceramente, son más de cara a la galería que efectivas.

Acabar con el protagonismo

Imaginen que cuando van a pedir un crédito al banco, éste les diga que sean ustedes quienes hagan su propio estudio de solvencia. ¿Qué dirían? Pues obviamente que son muy solventes y que van a devolver el dinero. Pues eso es lo que quiere el Parlamento Europeo que hagan los bancos y los fondos de inversión.

Además, como Standard and Poors, Fitch y Moody’s copan el 90% del mercado, Bruselas quiere que exista un examen por parte de dos agencias, y que haya un cambio de nombres cada 4 años. Objetivo: aumentar la competencia dando entrada a nuevos actores. Pero lamentablemente, y por mucho que nos empeñemos, los inversores confían en estas tres, por lo que el papel de las más pequeñas será meramente testimonial. De hecho, en Francia se intentó algo similar con las auditorías de empresa, y al final las grandes se distribuyeron el pastel.

Más transparencia

Como de lo que se trata es de garantizar el futuro del Euro, y de alejar a los especuladores, la libertad de la que tanto se jacta la Unión Europea se deja a un lado en este caso. A partir de ahora las Agencias tendrán que someterse a un calendario de publicaciones que, obviamente, será el que más interese a los 27, alejando así los informes de los momentos que puedan resultar más sensibles.

Por si no fuera poco con esto, a partir de ahora tampoco podrán emitir recomendaciones -o juicios- sobre la política económica de los Estados (qué molestas son las críticas) y tendrán que justificar –algo que ya hacían– las notas que pongan a la deuda. Eso sí, ahora se dará la posibilidad de que los inversores o emisores puedan reclamar vía judicial daños y perjuicios. Vamos, que se trata de que ejerzan una cierta “autocensura” para evitar tener problemas.

Maniatar a las agencias

La mejor regla de todas, y es lógica, es la de limitar las relaciones que puedan existir entre las agencias y las empresas que analizan. Así que se ponen limitaciones de voto y de accionariado, para que no haya juicios interesados. Algo lógico y que debería haberse aplicado antes. Sin embargo, tengo mis dudas de que ésta normativa sin una aplicación a nivel global vaya a tener demasiada aplicación.

En resumen, y como habrán podido comprobar, Bruselas se ha propuesto dar la vuelta a la tortilla. Y como aquel viejo dicho de si no puedes con él, únete a él, no es factible en este momento, han decidido ponerle todas las trabas posibles y que, a partir de ahora, quien maneje los tiempos sea la  Unión Europea. 

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