En un momento en el que se debate la utilidad del actual sistema de tributación y cotizaciones, la tributación por módulos por parte de los trabajadores autónomos se encuentra en el punto de mira. Cada vez es menos aceptada entre los expertos y contribuyentes y por eso mismo es ineresante comparalo con el otro sistema de tributación. En esnete sentido, recordamos algunas diferencias entre los dos sistemas de tributación hoy vigentes: Estimación Directa y Estimación Objetiva (Módulos).

Podríamos empezar definiendo de manera resumida estos dos sistemas de tributación:
Estimación Directa: para establecer el importe a pagar por impuesto, se deberá restar a los ingresos todos los gastos necesarios para obtener esa renta (sueldos y salarios de los asalariados; compras de material; amortizaciones; el alquiler de los inmuebles; los intereses por créditos y comisiones bancarias; ordenadores; impuestos no estatales; cuotas a colegios profesionales, cámaras y asociaciones empresariales y patronales; trabajos que se encarguen a terceros; primas de seguros satisfechas para asegurar los bienes; derechos y productos que afecten a su actividad, etcétera).

Tal como se plantea, es un sistema en base a datos reales, a ingreso y gastos que ya se han producido. Pero quienes deben tributar por este sistema, deberán cumplir con mayores obligaciones formales, tales como: llevar al día los libros de contabilidad, balances, facturas.

Estimación Objetiva o Módulos: Este sistema sólo aplicable a actividades empresariales (divididas en 97 sectores). Y la diferencia con la Estimación Directa, es que aquí no se contemplan los ingresos y gastos reales, sino que cada Módulo estima un rendimiento estándar dependiente de variables como personal asalariado, no asalariado, potencia eléctrica instalada, superficie del local, etc. Así, quienes tengan más de dos trabajadores o un gran local, deberán pagar más.

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Imagen – Chesi – Fotos CC y 1suisse

Nuevo globo sonda del Gobierno en materia de pensiones… Tras presentar el pasado viernes su plan para ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años, eliminar la cotización mínima de los autónomos y otra serie de medidas para contener el gasto de la Seguridad Social en materia de pensiones, en un sólo día hemos visto como el Ejecutivo anunciaba y retiraba su propuesta sobre la base de cotización a tener en cuenta en el cálculo de la jubilación,

A primera hora de la mañana se habló de la posibilidad de ampliar a 25 años el tiempo que se tiene en cuenta para el cálculo de las pensiones que después percibirán los trabajadores, lo que supone añadir 10 años a los actuales 15. Sin embargo, a la hora de remitir a la Unión Europea su Programa de Estabilidad 2009-2013 ha decidido retirar la propuesta. De hecho, el Ministerio de Economía se ha visto obligado a emitir una nota de prensa aclarando que no contempla ampliar en diez años el cómputo de las pensiones.

El texto actual explica que “en concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea” y supone una modificación sustancial del original remitido por la mañana a Bruselas. Desde el Ministerio apunta que se trata sólo de una simulación que se ha confundido con una medida concreta que no se llevará a cabo, aunque la verdad es que han tenido que eliminar el siguiente párrafo de la propuesta original: “Por lo tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros (edad legal de jubilación y número mínimo de años cotizados para obtener una pensión) y si, además, se aumentara en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB a partir de 2030″.

La reforma del sistema de la Seguridad Social y de las pensiones es una de las partes clave del Plan de Estabilidad 2009-2013 presentado por el ejecutivo, que trata de adelantarse a una hipotética quiebra del sistema en hacia 2015, cuando podrían alcanzarse números rojos. Sin embargo, en la realidad supone un aumento de las cotizaciones a cambio de la pérdida de derechos.

Quienes estén interesados en consultar el texto íntegro del Plan de Estabilidad 2009-2013 remitido a Bruselas pueden hacerlo en este enlace.

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