Apenas quedan unas horas para la huelga general de 29 de marzo. La actividad es frenética en las centrales sindicales: preparación de pancartas, organización de viajes, manifestaciones, sesiones informativas en los centros de trabajo… Mientras, más de un asalariado, a pesar de su convencimiento de los abusos qu
e supone la reforma laboral aprobada y temeroso de lo pueda llegar en los próximos meses, todavía duda si acudir o no a la convocatoria de paro.
¿Sirve para algo? La respuesta sindical es rápida. “Con la del 20 de junio de 2002, se logró frenar el decretazo de Aznar”, aseguran. Es cierto, aquella movilización quitó la silla a Juan Carlos Aparicio, entonces ministro de Trabajo y tras años de litigios, en marzo de 2007, el Tribunal Constitucional anuló aquella ley.
¿Ocurrirá lo mismo ahora? Todo apunta a que no va a ser así. Primero porque el miedo está mermando la libertad real de ejercer el derecho a la huelga. Y segundo porque es el Gobierno el que está mucho más débil que en otras ocasiones.
Por mucho que insista Rajoy. Él, como antes Zapatero y como los dirigentes de Grecia, Italia o Portugal, tienen un margen de actuación mínimo y la mayoría de sus decisiones no hacen más que responder al dictado de Bruselas. Ni un pelo se le movió a Zapatero el 29 de septiembre de 2010, cuando, según los sindicatos, el 70% de los españoles paró para protestar por su reforma laboral. Es más, las reformas dictadas por Europa continuaron. “Es la única forma de tener contentos a los mercados y evitar que la prima de riesgo y, por tanto, el coste de la financiación se dispare”, era la frase que utilizaban, no sin cierta razón, para justificar que pese a las protestas nada iba a cambiar. Como nada ha cambiado en Grecia a pesar de que los griegos están en la calle un día así otro también. Pero en realidad, el Gobierno ante el que protestan, el que podría sufrir el desgaste que suponen un huelga general no es el que realmente gobierna. Por eso no hay cambios.
En esa línea iban aquellas palabras de Rajoy, “supuestamente” captadas por un micrófono indiscreto cuando charlaba el 30 de diciembre en Bruselas con su homólogo finlandés, Jyrki Katainen. “La reforma laboral me va a costar una huelga”, dijo el gallego haciendo ostentación de la dureza de la reforma que preparaba.
Rajoy puede rentabilizar la huelga
Como diría cualquier broker, la huelga general estaba más que descontada. Además, Rajoy acaba de experimentar en sus propias carnes el coste de enfrentarse a Europa. El anuncio de que no iba a cumplir con el ajuste presupuestario del 6%, esperado por las autoridades del viejo continente se ha traducido en una escalada de la prima de riesgo, y ha colocado a España en el objeto de deseo de los especuladores. ¿Se imaginan con que “ansia morderían” si Rajoy se atreviera a dar marcha atrás en la reforma laboral?
Mientras, el economista de Fedea, Luis Garicano, cree que la protesta del día 29 puede convertirse en un arma para Rajoy. “El impacto político de la huelga va a ser mínimo. Si Rajoy es astuto puede venderla como un éxito de su política de ajustes ante las autoridades europeas”, ha asegurado en una conferencia en Madrid. Es decir, que el presidente español enarbolará la indignación de “su pueblo” ante sus máximos jefazos, el clan Merzkozy, para decir. ¿Veis que bien lo estoy haciendo? Ante los mercados financieros también cotiza al alza la indignación popular. Sinónimo de que los ajustes que reclaman se están cumpliendo.
La huelga costará 1.000 millones, según los empresarios
Por otro lado está el argumento del coste de la huelga para la economía del país, se que tanto esgrimen los detractores de la medida. Los representantes de los empresarios, CEOE, han calculado que el impacto económico podría llegar a los 1.000 millones de euros, en caso de que el seguimiento fuera del 35%. Hasta 2.000 millones costaría si se alcanza un seguimiento del 70%. ¿Pero cómo se llega a esta cifra? ¿Se descuenta una parada de la actividad económica total y por tanto lo que deja de ingresar el Estado por aportaciones a la Seguridad Social? ¿Se tiene en cuenta el ahorro en sueldos de las Administraciones Públicas e incluso las empresas privadas? “Sólo son estimaciones”, aseguran quienes dan la cifra sin más detalles. Es probable que esa aproximación resulte de dividir el PIB español por las jornadas laborales del año para después ajustar el cálculo a un inactividad del 30%. Pero ¿dónde quedan ahí, los servicios mínimos, por ejemplo? Garicano resta importancia a los datos y asegura que el impacto económico de una huelga general no es mayor “que el de cualquiera de los múltiples puentes que existen en España”.
El verdadero coste lo asumen los trabajadores
Donde sí se calcula todo al céntimo en el coste que supone para un trabajador la protesta. Ese día se queda sin el abono de las horas de trabajo, incluyendo la parte proporcional de los días libres de esa semana y de las pagas extraodinarias o de beneficios y además se descuenta la cotización a la Seguridad Social de ese día. Los expertos manejan un coste medio de 90 euros por “huelguista”. Es decir, casi un día y medio de trabajo. Una cantidad nada despreciable en un país donde ser mileurista va camino de convertirse en todo un logro social. Y eso que en esos cálculos no se incluye el coste de “arriesgar” su puesto de trabajo, en la que tal vez sea la convocatoria de huelga durante la democracia más complicada de secundar por parte de los trabajadores.
En definitiva, que tal vez lo que en el siglo XIX y XX era una potente herramienta de protesta social, la huelga general, puede estar perdiendo eficacia y convirtiéndose en un costoso sistema de pataleta para el trabajador. No estaría mal que los sindicatos miraran al futuro y pusieran en marcha un mecanismo que de verdad sirviera para frenar los abusos a los derechos de los trabajadores sin exigirles a cambio convertirse en héroes.
@praxagora21
