Como en Mayo de 2010, volvemos a tener en España un gobierno que se queda sin guión.

En su día, las políticas fiscales expansivas -con medidas como el Plan E, que fue la medida insignia, el cheque bebé o la deducción de 400 € en IRPF- encontraron su contradictorio colofón en el bandazo personificado que fue la repentina subida del IVA, la bajada del sueldo a los funcionarios o la congelación de las pensiones. En tiempos recientes, sin embargo, la pérdida del control de la situación se materializa en aquellas medidas anunciadas (a las que sumaremos las que se asoman por el horizonte) entre la presentación de los presupuestos y su tramitación.

El repentino recorte de servicios sanitarios y la subida de tasas universitarias y del copago farmacéutico son indicio de que, tras tres meses de autoengaño y sobreestimación del margen de maniobra por parte del gobierno, volvemos a latir al ritmo taquicárdico de la prima de riesgo; y hoy nuestro contrahecho cardiograma tiene picos aún más acusados que los que presentaba en 2011.

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Redadas masivas en centros de trabajo y controles intensivos a los desempleados para evitar la picaresca o fraude de trabajar el mismo tiempo que se está cobrando la prestación por desempleo. Este es el objetivo del plan que, según ha contado Raquel Pascual en el periódico Cinco Días, pretende aprobar hoy el Consejo de Ministros.

Una de las primeras medidas del plan será la ampliación del número de inspectores dedicados a estas tareas, se incorporarán 25 inspectores y 30 subinspectores de inmediato y otros 44 más cuando termine un proceso de reclutamiento que se está realizando en estos días.

El objetivo principal del Gobierno es evitar casos como aquellos en lo que se constituye una empres ficticia para cobrar, cuando se compatibiliza la prestación con un trabajo, o aquellos casos en que las empresas no dan el alta correspondiente en la Seguridad Social.

Además, se pretende estimular la colaboración entre todos los organismos que manejan datos en estas situaciones y facilitar el cruce de datos, una práctica que hasta ahora apenas se ha realizado.

Los sindicatos le han contado a Cinco Días que el plan está enfocado casi exclusivamente en los desempleados y que apenas se centra en las empresas, a las que sólo les controlarán las altas a la Seguridad Social.

La recesión de 2012 parece que ha venido para quedarse. A medida que transcurre el año y se van conociendo las medidas de ajuste del Gobierno las previsiones no hacen más que empeorar. Los últimos en revisar sus datos han sido los expertos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

El PIB caerá más de lo previsto, en total un 1,7%, frente al 1,3% que se estimaba esta institución hasta ahora. El desempleo continuará aumentado. La razón es fácil. Nadie confía en que España sea capaz de corregir el déficit público en los niveles que exige Europa y mucho menos impulsar el crecimiento en este contexto. Además, la inacabada reforma financiera, con la consiguiente falta de crédito, pesa como una losa sobre la economía española.

En un contexto así, el paro seguirá aumentando. Según los expertos de Funcas, el desepleo llegará al 24% en 2012 y al 24,6% en2013.

Si quieres ver previsiones de otros analistas, puedes encontrarlas aquí:

Todo apunta a que  Argentina no saldrá bien parada de su decisión de expropiar a YPF. El primer movimiento de castigo por parte del Gobierno español ha sido el de limitar la entrada de biodiésel argentino. Así lo comunicaba el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que presentó ante el Consejo de Ministros la orden ministerial que reasigna cuotas de producción de biodiésel en plantas españolas, con la intención de  limitar el ingreso de biodiesel del país presidido por Cristina Fernández.

La orden tiene como finalidad  brindar apoyo en operaciones de refino de biodiésel a las empresas españolas y las comunitarias, permitiendo que alcance una determinada posición que posibilite el ofrecer el biodiésel bajo unas condiciones más competitivas en los mercados.

Mientras se estaría pensando en otros castigos ya que el Ejecutivo lanzará una próxima ola de acciones en contra de la expropiación del Gobierno de Argentina de expropiar un 51% de YPF además de una próxima expropiación de YPF Gas.

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