El Gobierno ha lanzado un ataque directo contra el acceso a la Educación para todos los ciudadanos. En un contexto de crisis en el que cada vez más familias tiene problemas para llegar a final de mes, la educación de sus hijos se va a convertir en un artículo de lujo que muchos no se van a poder permitir. El Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con las Comunidades Autónomas para aumentar las tasas universitarias cuya suba será de hasta un máximo del 66% en la primera matrícula, además de los niveles superiores aumentando las demás.

Cada una de las CC.AA, deberá ir aplicando los aumentos en las tasas universitarias por lo que queda en sus manos los porcentajes, cuales serán las que se vean afectadas y la forma de hacerlo. Además de aplicarse para los nuevos precios de las tasas un precio más realista si se quiere con baremos que serán más flexibles. La crisis en educación no es nueva para este año si se recuerda la nulidad de algunas oposiciones.

El incremento podría quedar… Seguir leyendo.

En España hay pocas dudas sobre cómo calificar la decisión del Gobierno argentino de expropiar YPF, el 90% de los ciudadanos considera “muy grave la decisión” y temen que pueda afectar a otras empresas con inversiones en Argentina, según el resultado del último barómetro realizado por el Real Instituto El Cano. Frente al patriotismo esgrimido por los argentinos a la hora de tomar partido ante esta cuestión, la opinión de los españoles está definida más por la economía que por la política.

Desde el punto de vista económico, no gusta en España la decisión, pero mucho menos las formas. Si Argentina tiene quejas sobre la actuación de la multinacional en su territorio existen numerosas vías legales para tratar de modificar esos excesos: desde quejas, hasta sanciones. Pero la decisión extrema a la que ha llegado el Gobierno de Cristina Fernández, de la mano de su mentor económico, Alex Kicillof , atenta directamente contra la propiedad privada, la base de estabilidad económica en los países modernos. Por eso, con unos u otros adjetivos la mayoría de los españoles considera que un país que se considere avanzado no puede romper la baraja de la seguridad jurídica con la impunidad  con la que lo hace Argentina.

El gran miedo de los españoles es que estas decisiones arbitrarias se apliquen contra otras empresas, lo que puede transformase en un gran problema ya que Latinoamérica se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los pesos pesados del Ibex 35.

Esa inseguridad también se va a convertir en un problema para muchas pymes que tenían puestas sus esperanzas en superar la crisis a través de la internacionalización en aquella zona del mundo. Y que, sin duda, tras la expropiación de Repsol se lo van a pensar dos veces. Argentina ha recuperado el estatus de país tercermundista ante la imagen de los españoles.

Retomando la encuesta realizada por el El Cano, vemos que  frente a un 90% de españoles que califican de “muy grave la decisión”, sólo hay un 51% que siente herido “el orgullo patrio”.  Y es en este punto donde más enfrentamientos se establecen entre quienes consideran que España deber enarbolar la bandera política y plantear la solución como un enfrentamiento entre países, frente a los que abogan por apostar mantener en perfil bajo la cuestión política y trabajar soterradamente en el ámbito económico con el fin de perjudicar lo mínimo posible al resto de empresas presentes en el país.

Eso sí, la valoración de Cristina Fernández de Kirchner ha caído en picado, del 5% que tenía el pasado mes de marzo ha pasado a un 3,4%, situándose así a la altura del ruso, Vladimir Putin, (3,4%) y del cubano, Raúl Castro (2,7%).

Croonología de Repsol en Argentina.

El Consejo de Ministros aprueba hoy unos Presupuestos Generales que podrían definirse como los más fast food de la Democracia, por el tiempo que han tardado en prepararse.  En condiciones normales este es un proceso que se cocina a fuego lento durante cerca de medio año y, que requiere de casi otros tres meses de reposo para poder ser servidos en mesa. Pero en esta ocasión, Rajoy lo va a tener todo listo en poco más de un mes, acelerando al máximo los pasos básicos.

Paso 1. Definir el techo de gasto

Se trata de hacer algo así como preparar el sofrito base a partir del cual se va a cocinar el resto del plato.  Surge de mezclar las previsiones que, sobre la economía española, han hecho los principales organismos económicos internacionales: Fondo Monetario Internacional, OCDE, Eurostat , Brueslas, BCE, Banco de España y el toque final del Gobierno. El resultado, de los que hoy se aprueban, se hizo público el pasado 2 de marzo. Según las previsiones oficiales,  el PIB español se contraerá un 1,7% en 2012, se destruirán 630.000 empleos más y la tasa de paro podrá llegar al 24,3%. Ante este desolador panorama, el Gobierno se ha propuesto confeccionar unos presupuestos en los que aplicará un recorte de gastos de 12.000 millones de euros, que se suman a los 15.000 recortados el pasado 30 de diciembre.

La fecha de aprobación de este dato coincide con la de todos los años, en torno al mes de mazo. Pero a partir de aquí todo se precipita.

Paso 2. Ministerios y entidades públicas presentan sus demandas

Una vez definida la cantidad total del presupuesto, se suele abrir un periodo de uno o dos meses para que los diferentes Ministerios y entidades públicas presenten sus necesidades ajustadas a esa primera cantidad. En el juego político de cada año, esas demandas están bastante infladas. Atienden al consabido “tú pide que ya habrá tiempo para ajustar”. Pero no. Ese año no hay tiempo. Así que en lugar de pasarse un par de meses de reunión en reunión viendo de donde se saca más o dónde se puede recortar, Rajoy ha sido contundente. Pocas semanas para negociar y advertencia final. Durante su último viaje a Seúl, a principios de esta semana, anunció que no sólo no dará más margen de gasto a los Ministerios, sino que si el 2 de marzo preveía un recorte del 12,5%, hoy se van a encontrar con un ajuste superior, que podría superar el 15%.

Paso 3. Fijar la cifra máxima de gasto

Tampoco parece que haya tiempo para ese proceso de negociación, que habitualmente se da en el mes de julio.Tras hablar con todos los implicados, el Gobierno de turno fija una cifra de gastos máxima que es con la que se presentan los Presupuestos Generales durante la última semana de septiembre. Los tradicionales cambalaches de si no me das esta partida, la cambiamos por aquellas subvenciones o viceversa han pasado a la historia. Ahora, el único margen de actuación puede estar en aquellas partidas sin nombre y apellidos. Es decir, esas que hacen de cajón de sastre y permiten el traspaso continuo de fondos.

Paso 4. Negociación con los partidos políticos

Y si los Ministerios no tienen margen , mucho menos lo tendrán los partidos políticos para introducir cambios. Las consultas y negociaciones que se establecen habitualmente, durante el mes de septiembre, con otros partidos políticos y agentes sociales para ajustar las tendencias de las partidas de gastos quedarán relegadas al mínimo en esta ocasión. La mayoría absoluta de la que goza el Partido Popular en el Parlamento le libera de este trámite. Rajoy no necesita ningún voto externo a su partido para aprobar los presupuestos. Además, la generalizada representación en los gobiernos populares en las comunidades autónomas también le evita tener que pagar ciertos peajes con los nacionalistas.

Paso 5. Aprobación por las Cámaras

Una vez que el Consejo de Ministros da luz verde al texto de los Presupuestos Generales, queda pendiente su aprobación por parte del Congreso y del Senado. Un trámite que, una vez más, no será nada complicado en esta ocasión ya que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en ambas cámaras.

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Lo ha dicho el Tribunal Supremo: las compañías eléctricas no están obligadas a sufragar el denominado bono social. No entiende el legislador por qué esa ayuda no se reparte equitativamente entre todos los sectores implicados en la producción y distribución de la electricidad, incluidos el Gobierno o los consumidores.

La sentencia no podía llegar en peor momento. Cuando muchas familias españolas pasan serios apuros para llegar a fin de mes esta decisión, como ha reconocido Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, obliga al Gobierno a elevar la parte regulada del recibo de la luz. Así que todo apunta a que a partir del 1 de abril habrá “un incremento en la tarifa eléctrica”. Aunque es subida “no recaerá sólo sobre la cuenta de los consumidores”, según promete el ministro.

La realidad es que con la complejísima factura eléctrica, los españoles ya están entre los europeos que más cara pagan la luz, según los datos de Eurostat. Sólo Malta y Chipre tienen tarifas eléctricas más caras. Para compensar ese cargo, el Gobierno creó en 2009 una especie de ayuda, denominada el bono social. Según esto, los consumidores con menos capacidad adquisitiva quedaban liberados de las subidas de la luz hasta finales de 2013. Más de tres millones de clientes se acogieron a esta medida, lo que supone un coste total de unos 150 millones de euros.

Esta sentencia del Supremo es la respuesta a un recurso interpuesto por Iberdrola que consideraba que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras “que debe calificarse de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales”.

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