Nos hemos acostumbrado, y hasta esperamos con expectativa -muchos no saben bien por que peor igual aguardan- las noticias acerca de los tipos de interés de referencia de los Bancos Centrales de todo el mundo. Que si el tipo baja, que si sube o simplemente si lo mantienen, se ha transformado en una información primordial para los particulares y para el mercado en general. Pero la pregunta del millón es: ¿que implica ese tipo de interés de referencia?

En realidad, un tipo de interés del 1% o menos implica un subsidio encubierto a los bancos. Esto es algo que nadie lo dice, pero que el sitio web Voxeu.org se anima a publicar.

La trama del cuasi fraude al contribuyente desprevenido es así. Los bancos centrales proveen reservas a los bancos a tipos de interés muy bajas. Por ejemplo, la Fed estadounidense lo hace a tasa 0%. Una pequeña parte de este importe termina en créditos a las empresas o perticulares, pero los bancos pueden comprar bonos del tesoro norteamericano al 3% o al 4%. La ganancia del 4% es sideral si tenemos en cuenta que el dinero no es de ellos, y no costó nada de nada. El apalancamiento del 400% es exorbitante.

Esta política dela Fed hace que los depósitos en Estados Unidos tengan un tipo de interés por debajo del 1%. Esto hace que las ganancias de los bancos crezcan de manera significativa ya que ese dinero tomado al 1% pueden ubicarlo en préstamos al 7% o, lo que es mucho menos riesgoso, en los ya nombrados bonos del tesoro.

La “estafa” al contribuyente o al ahorrista es millonaria. ¿Como nace esta idea de subsidiar bajo este telón? ¿Nadie se ha preguntado como, si aun la crisis no terminó, los bancos están obteniendo ganancias fabulosas mientras el resto de los mortales -también llamados ciudadanos- tiene problemas para pagar la hipoteca o conseguir empleo? Los rescates a los bancos en lo peor de la crisis ha sido muy resistida por la población que, indignada, los culpa de haber perdido sus ahorros para la jubilación, su casa o su empleo. Hoy en día, a la gente se le dice que se les otorgo esa ayuda sin costo para el contribuyente.

La mentira ya está desatada. Lo que no se le dice a la gente -en este sentido, el norteamericano medio es bastante miope para ver más allá de lo que se informa en la TV- es que los pagos provienen de los impuestos pagados por los contribuyentes, y que ese dinero es destinado a tipo cero a los bancos para que estos compren los bonos del tesoro, y así en una rueda sin fin donde el mayor perjudicado es quien paga los impuestos, que no vuelven en servicios como debería ser y en lugar de eso van a engrosar las llenas arcas de los bancos.

Ahora bien. ¿Que busca entonces este tipo de política monetaria? Hay, al menos, dos claros objetivos:

1. Recapitalizar al sistema financiero y hacerlo sin que el gobierno tome una participacion accionaria, para no ser tildados de comunistas. Con el tipo de referencia en cero, los bancos reciben los fondos sin discusión y de forma casi subrepticia.
2. Evitar que la burbuja inmobiliaria se desinfle por completo. En este sentido, aquellos propietarios a los que aun no los ha “tapado el agua”, tienen la posibilidad de refinanciar sus hipotecas a un tipo de interés de entre el 3% y el 5%, mucho menos que lo que se cobraba antes de la crisis.

Concluyendo un poco este tema: se está produciendo un efecto distributivo de la riqueza, pero no de la manera lógica y querida por todos. La distribución, en estos momentos, va al revés. De los pobres hacia los más ricos. Del contribuyente desempleado hacia las grandes corporaciones financieras, que a la postre han resultado ser las culpables de la gran crisis que nos acoje en la actualidad, debido a su insuperable codicia.

La respuesta a la pregunta que hicimos con anterioridad: ¿como puede ser que los bancos pase de perder miles a ganar millones en tan solo un año? Creo que ha quedado clara la respuesta. Usted los está ayudando, o lo que es peor, usted le está pagando la fiesta.

Parece que el Plan B para salir de la crisis empieza a tomar forma. Europa y los mercados demandaban al Ejecutivo medidas adicionales ante la crisis y este no ha tardado en reaccionar. El Presidente José Luís Rodríguez Zapatero ha anunciado un nuevo paquete de soluciones que en resumen pasa por recortar aún más el gasto del Estado, aumentar los ingresos e incentivar la actividad empresarial.

Dicho así parece muy fácil y por eso vamos analizar la forma en la que van a implementarse esta nuevas medidas anticrisis que deben ayudar a reducir la deuda española y a afianzar su posición dentro de la crisis de la deuda que tanto está sacudiendo al país.

Las dos acciones más importantes llegan del lado de las pyme y su Impuesto de Sociedades y de las prestaciones y ayudas a desempleados.

La primera gran medida, que en realidad es toda una línea de acción, pasa por la bajada del Impuesto de Sociedades. La reforma de este tributo se articulará a través de un cambio en el primer tramo del mismo que tributa a tipo reducido. Así, se amplía la base imposible para las empresas que tributan a tipo reducido desde los 120.000 hasta los 300.000 euros de facturación. Es decir, más empresas podrán pagar menos impuestos.

También dentro del ámbito de las pyme y para favorecer su crecimiento, se amplía el concepto de empresa de tamaño reducido. Una vez aprobada la reforma -algo previsto para el viernes- las compañías que facturen menos de 10 millones de euros también entrarán dentro de este grupo -hasta ahora el límite se encontraba en 8 millones-. El Gobierno estima que cerca de 40.000 compañías podrán beneficiarse de esta medida.

Además, se eliminan la obligatoriedad a todas las empresas de pagar las cuotas a las Cámaras de Comercio, que podría ahorrar hasta 250 millones de euros a todas las compañías y 90 en el caso de las pyme. Otra de las medidas está encaminada a generalizar la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades hasta 2015, así como a adaptar las medidas contempladas en la Ley de Economía Sostenible sobre la reducción de plazos y costes a la hora de crear una empresa – el objetivo es que se pueda constituir una empresa en 48 horas y con un coste de 100 euros-.

Por otro lado, se trata del final de la ayuda de 460 euros a parados de larga duración sin ingresos. En realidad, el Gobierno no renovará el actual programa que expira en febrero. Se trata de un paso doloroso pero en la dirección correcta, ya que llega acompañado de otras medidas enfocadas más a incentivar la inserción laboral en lugar de seguir subvencionando la permanencia en el paro. Así,  también en febrero, los servicios públicos de empleo contarán con otros 1.500 orientadores, con el objetivo de generar actividad y facilitar la creación de empleo.

En el lado del aumento de ingresos para recortar deuda, el Gobierno privatizará el 49% de AENA y abrirá las puertas a la gestión privada de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. También se privatizará el 30% de Loterías y Apuestas del Estado, quizás la decisión más desacertada. En cualquier caso ambas ventas servirían para ayudar a alcanzar el objetivo de déficit presupuestario para 2011, situado en el 6% del PIB.

Desde Expansión calculan que sólo la venta de AENA podría suponer unos ingresos de 2.800 millones de euros,

Por primera vez el Gobierno ha conseguido lo que hasta ahora parecía imposible. contentar a todos (salvo la oposición, que por el simple hecho de serlo siempre tiene que poner alguna pega).El plan de ajuste para España presentado ayer por Zapatero ha convencido a expertos, organismos internacionales y, en menor medida, al mercado -las cuentas de Telefónica también han servido para olvidarse de su efecto positivo-.

Por fin contamos con una hoja de ruta y sabemos por donde vendrán los recortes presupuestarios:

• Reducir las retribuciones de personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos.
• Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
• Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007.
• Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
• Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis.
• Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha.
• Reducir, entre 2010-2011, 600 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo.
• Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
• Se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

De esta forma se pretende ahorrar 5.000 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 en 2011 para finalmente alcanzar en 2013 un déficit del 3%. El objetivo es ambicioso, pero también lo son los recortes anunciados. Parece que al final se acabaron las medias tintas y empezamos a ver el ajuste real al que deberemos enfrentarnos. Por lo menos, tal y como explica El Economista, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España (BdE) han mostrado su apoyo y no han sido los únicos.

Buena parte de los analistas financieros también creen que este es un paso en la dirección adecuada, aunque sólo el primero. porque se espera un ajuste todavía más doloroso y, pese a las palabras de Elena Salgado, podría haber una nueva subida de impuestos.

El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente un plan anticrisis con 24 medidas concretas que tendrá un coste estimado de 1.600 millones de euros según las estimaciones del Ministerio de Economía. Esta será la cantidad que el Estado dejará de ingresar debido a las deducciones y medidas fiscales que se han adoptado.

El objetivo del plan no es otro que el de generar empleo y reactivar la economía. La medida estrella de este paquete es la deducción por rehabilitación de vivienda habitual que ya se había anunciado pero que finalmente ha sido ratificada. En concreto, se trata de una nueva deducción por las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que tengan por objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministros o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad. Permitirá deducirse el 10% de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de 4.000mil euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 euros, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 euros de base imponible. El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de 12.000 mil euros por vivienda. Sólo esta medida ya restará 1.400 millones de euros en ingresos a las arcas nacionales.

Además, también se establecer la aplicación de un tipo de IVA reducido para todo tipo de obras de renovación y reparación de vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. También se amplía el concepto de rehabilitación estructural, lo que permitirá reducir los costes fiscales de esta actividad.

Como ya indicamos en anteriores ocasiones: vuelta al ladrillo ante la imposibilidad de hacer el cambio de modelo productivo hacia sectores que aporten valor añadido. Eso sí, en el camino se esperan crear cerca de 350.000 puestos de trabajo.

Tal y como se anunció, los préstamos ICO son la otra gran baza de este plan anticrisis. Y es que el ejecutivo fortalecerá el ICO aumentan do sus fondos y convirtiéndolo ‘de facto’ en un banco que podrá conceder préstamos directos a pyme asumiendo la totalidad del riesgo. Los cálculos preliminares del Gobierno hablan de entre 70.000 y 100.000 operaciones. Cada préstamo se limitará a 200.000 euros.

Además, entre los documentos aprobados por el Gobierno también figura una excención de tributar en el IRPF las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales. Del mismo modo, también se flexibilizarán los requisitos para recuperar el IVA de las facturas impagadas de tal forma que se acorta el plazo de un año a seis meses.