Las líneas ICO al parecer van a abarcar mucho más que las líneas para pymes o para los trabajadores autónomos, ya que el Gobierno desarrollará dentro de la Ley de Morosidad y mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO), líneas que tienen como objetivo a los ayuntamientos para que estos hagan frente a sus facturas que están pendientes de pago a las pymes, empresas y autónomos que debido a esto sufren problemas de liquidez y de morosidad. Si bien estas nuevas líneas ICO, ya figuraban en enmiendas de la Ley de Morosidad.

Si bien los ayuntamientos también viven su propia asfixia financiera, y es por ello que el Gobierno puso en marcha el Fondo Estatal de Inversión Local en 2009 y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en 2010, conformados por 13.000 millones de euros, además de líneas del ICO que les permitirá a los ayuntamientos poder pagar de una vez sus facturas pendientes.

Dichas medidas, han señalado que serán adoptadas antes de la aprobación de un nuevo sistema de financiación local. Pero para ello deberían de existir un acuerdo entre el Estado, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y poder desarrollar una nueva ley de financiación local.

Las empresas se ponen firmes ante la cantidad de morosos que deben soportar, sobre todo en épocas de crisis como la que vivimos. La diversas asociaciones y federaciones empresariales han presentado varias medidas al Gobierno.

Por ello, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) se ha aprobado finalmente en el Congreso de la reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Algo que, según PIMEC, la patronal que representa las micro, pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Catalunya, representa un cambio histórico en la cultura de pago de España, “ya que establece un periodo obligado de cobro de 60 días con el sector privado y de 30 días con el público, eliminando la posibilidad del pacto entre partes”.

Y es que el número de morosos aumenta cada día. Así lo constata la encuesta de la Plataforma correspondiente al 1º trimestre del 2010, donde se establece el 51% de las empresas han observado que el plazo de cobro medio con empresas privadas se ha alargado.

Así, el plazo de cobro medio durante primeros de 2010 ha sido de 107 días, frente a los 101 días de plazo medio de 2009. Por su parte, el plazo medio de cobro pactado se ha situado en los 93 días durante el 1º trimestre de 2010, frente a los 77 días del ejercicio anterior.

El carácter histórico de la reforma ha aconsejado pactar un periodo transitorio de aplicación hasta el 1 de enero de 2013, en que ya serán plenamente vigentes los plazos citados, así como algunas singularidades sectoriales.

Ha costado mucho batallar para que la Plataforma viera la luz, pues tanto empresas, especialmente pymes como Gobierno debían haber tomado medias antes para retrasar el periodo de pagos. No puede ser que toda clase proveedores, empresas y Administración paguen sus facturas a 90, 120 o más días. Ello repercute directamente en la pyme que no puede hacer frente a sus gastos diarios, con el aumento considerable de empresas que dan el cierre.

Para que esto disminuya, uno de los objetivos de la Plataforma es seguir muy de cerca la aplicación de la Ley y velar por su estricto cumplimiento. PIMEC establece que se debería dar forma a un eventual Observatorio sobre plazos de pago, y concretar a su vez algunos puntos de la Ley, como la definición de la indemnización por costes de cobro.

La Plataforma seguirá también su batalla particular en cuestiones afines como el ingreso anticipado del IVA impagado. Esta importante Plataforma agrupa a más de un centenar de asociaciones sectoriales de toda España.

Con la que está cayendo, cada vez son más los morosos y empresas que deben dinero en este país. Esto nos asegura un estudio de Axesor “Radar Empresarial” donde se analiza la evolución de los procedimientos judiciales por impagos y concursos de acreedores registrados en el primer trimestre del año por las empresas españolas.

El primer dato significativo, aunque quizás bastante esperado, es que las empresas que tienen demandas por impago han crecido un 8,32% durante el primer trimestre de 2010, en comparación con el mismo periodo del pasado año.

En cuanto al tamaño de empresa, son las medianas (las que más hay en España) las que peor incumplen esta tarea y tienen mayores demandas de impago, con el dato concreto de 1.886 compañías demandadas en el primer trimestre de 2010, ello representa la cifra de 24,90% más que en 2009.

Si analizamos las comunidades autónomas, el estudio de Axesor determina que las empresas de la Comunidad de Madrid, Aragón y el País Vasco son las que tienen más demandas por impago. Las que por el contrario sí cumplen con sus obligaciones son Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y, especialmente, Extremadura, que redujo su número de sociedades activas demandadas un 10% en el primer trimestre de 2010.

Y es la situación económica actual no ayuda porque los clientes y proveedores de las empresas dejan de pagar y, como consecuencia de ello, las compañías no pueden hacer frente a sus gastos. Es el pez que se muerde la cola que está durando ya demasiado tiempo.

El peor sector es la hostelería, con la cifra de 9,83% de sociedades que han registrado algún tipo de incidencia relativa a incumplimiento de pago a la Administración. Claro está la construcción, con el 9,09%, se sitúa en segundo lugar.

El estudio también realiza una radiografía sobre la creación de empresas durante los primeros meses del año en España. En total, se han creado 21.290 nuevas sociedades, una cifra similar a la del año pasado, que nos deja un sabor de boca algo positivo.

Ello contrasta con el número de empresas que ha cerrado la puerta, con la cifra de 31.388, que representa un aumento del 9,42% con respecto al total de bajas detectadas en el primer trimestre de 2009.

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