El número de parados en Noviembre ascendió a 4.110.294 personas según los datos de los Servicios Públicos de Empleo. En total, se registraron 24.318 parados más, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al mes de octubre. En términos desestacionalizados el paro alcanzaría los 4.080.911 personas, 45.503 más que el dato desestacionalizado del mes anterior.

Con esta ya son cuatro las subidas consecutivas encadenadas, aunque el dato es relativamente positivo si se tiene en cuenta que en noviembre de 2009 el número de parados creció en 60.593 y que la subida de la tasa de paro de noviembre es la menor desde 1998. En el último año el número de desempleados se incrementó en 241.348 personas, lo que supone un 6,24% más.

Por sectores, el paro aumentó en todos a excepción de en la Industria, donde se registraron 1.744 parados menos o un recorte del 0,36% respecto al mes anterior, y de Construcción, que cuenta con 796 parados menos o un 0,11% menos. En cuanto al resto de actividades, el desempleo sube en Agricultura con 2.437 parados más (1,86%), Servicios con 15.757 parados (0,66%) y en el colectivo sin empleo anterior en 8.637 personas (2.43%).

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Parece que el Plan B para salir de la crisis empieza a tomar forma. Europa y los mercados demandaban al Ejecutivo medidas adicionales ante la crisis y este no ha tardado en reaccionar. El Presidente José Luís Rodríguez Zapatero ha anunciado un nuevo paquete de soluciones que en resumen pasa por recortar aún más el gasto del Estado, aumentar los ingresos e incentivar la actividad empresarial.

Dicho así parece muy fácil y por eso vamos analizar la forma en la que van a implementarse esta nuevas medidas anticrisis que deben ayudar a reducir la deuda española y a afianzar su posición dentro de la crisis de la deuda que tanto está sacudiendo al país.

Las dos acciones más importantes llegan del lado de las pyme y su Impuesto de Sociedades y de las prestaciones y ayudas a desempleados.

La primera gran medida, que en realidad es toda una línea de acción, pasa por la bajada del Impuesto de Sociedades. La reforma de este tributo se articulará a través de un cambio en el primer tramo del mismo que tributa a tipo reducido. Así, se amplía la base imposible para las empresas que tributan a tipo reducido desde los 120.000 hasta los 300.000 euros de facturación. Es decir, más empresas podrán pagar menos impuestos.

También dentro del ámbito de las pyme y para favorecer su crecimiento, se amplía el concepto de empresa de tamaño reducido. Una vez aprobada la reforma -algo previsto para el viernes- las compañías que facturen menos de 10 millones de euros también entrarán dentro de este grupo -hasta ahora el límite se encontraba en 8 millones-. El Gobierno estima que cerca de 40.000 compañías podrán beneficiarse de esta medida.

Además, se eliminan la obligatoriedad a todas las empresas de pagar las cuotas a las Cámaras de Comercio, que podría ahorrar hasta 250 millones de euros a todas las compañías y 90 en el caso de las pyme. Otra de las medidas está encaminada a generalizar la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades hasta 2015, así como a adaptar las medidas contempladas en la Ley de Economía Sostenible sobre la reducción de plazos y costes a la hora de crear una empresa – el objetivo es que se pueda constituir una empresa en 48 horas y con un coste de 100 euros-.

Por otro lado, se trata del final de la ayuda de 460 euros a parados de larga duración sin ingresos. En realidad, el Gobierno no renovará el actual programa que expira en febrero. Se trata de un paso doloroso pero en la dirección correcta, ya que llega acompañado de otras medidas enfocadas más a incentivar la inserción laboral en lugar de seguir subvencionando la permanencia en el paro. Así,  también en febrero, los servicios públicos de empleo contarán con otros 1.500 orientadores, con el objetivo de generar actividad y facilitar la creación de empleo.

En el lado del aumento de ingresos para recortar deuda, el Gobierno privatizará el 49% de AENA y abrirá las puertas a la gestión privada de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. También se privatizará el 30% de Loterías y Apuestas del Estado, quizás la decisión más desacertada. En cualquier caso ambas ventas servirían para ayudar a alcanzar el objetivo de déficit presupuestario para 2011, situado en el 6% del PIB.

Desde Expansión calculan que sólo la venta de AENA podría suponer unos ingresos de 2.800 millones de euros,

La reforma laboral ya está vigor, después de que ayer recibiera luz verde en el Congreso de los Diputados. Y, con ella, se amplían los supuestos en los que las empresas pueden despedir por razones económicas. A pesar de que la última palabra seguirá en manos de un juez, ahora los trabajadores están menos defendidos.

Hasta el momento, que un juez aprobará un expediente de regulación de empleo -el famoso ERE- por causas económicas era casi una quimera, porque los tribunales decidían de forma abrumadora a favor de los trabajadores. Por lo tanto, si las empresas querían despedir lo tenían que hacer a razón de 45 años y no de los 20 días por despido procedente o justificado.

Pero, con la reforma laboral aprobada, despedir no es más barato –también serían 20 días si el juez declara el despido procedente- pero si es más fácil que la extinción de los contratos por razones económicas reciba el visto bueno de los tribunales.

A pesar de que las nuevas condiciones laborales llegaban con el objetivo de dotar de estabilidad, seguridad, flexibilidad y competitividad al mercado, lo que han conseguido en definitiva es ampliar los supuestos en los que las empresas pueden acogerse al despido por causas económicas.

El texto definitivo de la reforma, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado día 6, dice que se justifica el despido objetivo cuando “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.

A partir de ahora, a una empresa le bastará con justificar una simple previsión de pérdidas económicas en sus cuentas para echar a su plantilla, aunque también podrá invocar causas técnicas, organizativas o productivas para rescindir los contratos que, a priori, le permitirían mantener su actividad.

Con todo, y a pesar de que políticos, sindicatos y abogados desconfían de la efectividad de la reforma para generar empleo, los expertos creen que, al menos, las empresas no lo destruirán como en los peores momentos de la crisis.

Los últimos datos de paro sitúan a España a la cabeza del desempleo dentro de la Unión Europea con una tasa del 20,3% según las estimaciones de Eurostat. La cifra no sólo es alta, sino que además dobla la media comunitaria, situada en el 10%. De hecho, sólo Letonia (20,1% en el primer trimestre) y Estonia (18,6% en el segundo trimestre) manejan estadísticas similares. 

Además, España también  lidera todas las categorías con un paro masculino del 19,8% (más del doble de la media europeoa) y en el femenino con un 21%. A esto hay que añadir a los menores de 25 años, entre quienes el desempleo es del 41,5% muy por encima también del resto de países europeos, especialmente de las primeas potencias como Francia y Alemania.

Aunque el problema del paro no es nuevo para España, parece que cada nuevo dato agrava algo más una situación que las medidas del Gobierno no han conseguido revertir. En este sentido, es cierto que buena parte del plan del Ejecutivo pasa por la formación de los parados para su reorientación laboral y esto es algo que no ofrece sus frutos de la noche a la mañana. Sin embargo, también es cierto que el actual sistema necesita una revisión y de ahí los constantes globos sonda que hemos visto a lo largo de todo agosto.

El primero fue el referido a la posibilidad de castigar a los desempleados que rechazasen ofertas de empleo o que no se formasen. En concreto, se trataría de rebajar de 100 a 30 días el periodo que tienen los parados para rechazar ofertas. El segundo más que un globo sonda es un rumor que desde hace tiempo recorre los medios de comunicación: la rebaja de las prestaciones por desempleo. Por el momento, el ministro de de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha apresurado a desmentir.

En una entrevista en Onda Cero Corbacho afirmó  que el Gobierno no tiene “en la agenda” recortar las prestaciones por desempleo y dijo que “otra cosa muy diferente” es que, cuando la economía empiece a crecer y crear empleo, se estudie si las prestaciones por desempleo deben o no modificarse. Hay quienes ya ven en estas declaraciones un claro componente político con las elecciones de Cataluña a las puertas.

Pero dejando de lado el apartado político, lo cierto es que todo el sistema de desempleo español necesita una revisión que mejore las políticas activas y la búsqueda de trabajo. No es nuevo el sistema de prestaciones desincentiva la búsqueda de trabajo y que el alargamiento de las mismas a través de diferentes subsidios tampoco ayuda a mejorar la situación.