Lo ha dicho el Tribunal Supremo: las compañías eléctricas no están obligadas a sufragar el denominado bono social. No entiende el legislador por qué esa ayuda no se reparte equitativamente entre todos los sectores implicados en la producción y distribución de la electricidad, incluidos el Gobierno o los consumidores.

La sentencia no podía llegar en peor momento. Cuando muchas familias españolas pasan serios apuros para llegar a fin de mes esta decisión, como ha reconocido Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, obliga al Gobierno a elevar la parte regulada del recibo de la luz. Así que todo apunta a que a partir del 1 de abril habrá “un incremento en la tarifa eléctrica”. Aunque es subida “no recaerá sólo sobre la cuenta de los consumidores”, según promete el ministro.

La realidad es que con la complejísima factura eléctrica, los españoles ya están entre los europeos que más cara pagan la luz, según los datos de Eurostat. Sólo Malta y Chipre tienen tarifas eléctricas más caras. Para compensar ese cargo, el Gobierno creó en 2009 una especie de ayuda, denominada el bono social. Según esto, los consumidores con menos capacidad adquisitiva quedaban liberados de las subidas de la luz hasta finales de 2013. Más de tres millones de clientes se acogieron a esta medida, lo que supone un coste total de unos 150 millones de euros.

Esta sentencia del Supremo es la respuesta a un recurso interpuesto por Iberdrola que consideraba que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras “que debe calificarse de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales”.

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El Gobierno se prepara para aprobar una subida de impuestos con el objetivo de paliar el creciente déficit presupuestario. En este sentido, se estarían preparando varios cambios en los impuestos más importantes del país.

Una de las modificaciones que se están preparando es una subida del iva, del tipo general desde el 16%, aunque se descarta elevar el tipo reducido del 4% que grava los productos de primera necesidad como el pan o los alimentos frescos.

Por otra parte es casi segura la supresión del cheque de 400 euros, y no se descarta tener que recurrir a una subida del tipo máximo del IRPF para las rentas superiores a los 100.000 euros anuales.  También es altamente probable la eliminación de la deducción por vivienda, manteniendo los derechos adquiridos, aunque para las rentas más bajas, presumiblemente las inferiores a 25.000 euros, mantendrán la deducción del 15% en el IRPF del importe, hasta un máximo de 9.000 euros por contribuyente, de los intereses más el principal pagado por año para sufragar la compra de la vivienda habitual.

Pero quizá la modificación  que más afectaría a los ahorradores e inversores es el tipo aplicable del impuesto a las plusvalías de fondos, acciones o inmuebles, o intereses de las cuentas, renta fija o depósitos, actualmente en el 18% pero con probabilidades de sufrir un aumento