La tasa de paro en España, todo el mundo lo sabe, ronda el 21% y lo que me llama la atención es que las agencias del Inem no parecen aliviar esta pesadilla convertida en la primera preocupación de los españoles en estos tiempos.

Me he preguntado muchas veces cómo es posible que la eficacia sea precisamente lo que falta en el Inem, y que quizá la descoordinación de políticas efectivas de empleo pueda venir porque poner de acuerdo a 17 territorios. No es tarea fácil.

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Mientras el Gobierno está a punto de retrasar la edad de jubilación, que ha entrado en su recta final con las enmiendas parciales, las empresas están multiplicando los retiros a partir de los 50 años. Con el agravante de que lo hacen, en casi todos los casos, con dinero público.

En concreto, está previsto, aprobado, y en muchos casos ya pactado con los sindicatos, que 20.400 personas dejen su puesto de trabajo vía prejubilaciones y bajas incentivadas.

Estas fórmulas, que tradicionalmente han contado con el respaldo de los representantes de los trabajadores por ser más generosas que los clásicos 45 días por año trabajado, suenan a aberración en el momento actual.

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Desde los tiempos del monopolio petrolero de J. D Rockefeller, las modernas economías de mercado han desarrollado mecanismos para restringir el poder de fijación de precios en el mercado de bienes y servicios. Leyes antimonopolio y anticolusión, desregulaciones, Tribunales y Comisiones de defensa de la competencia, incluso existe un comisario europeo encargado de la Cartera de Competencia al que conocemos bien, porque podría haber sido nuestro presidente del gobierno. Leyes, organismos y responsables políticos que defienden en cada vez más sectores económicos la bondad de la economía competitiva.

El mercado de trabajo no parece, de momento, seguir el ritmo del mercado de bienes en esa búsqueda de la eficiencia competitiva. Estos días continuamos vigilando el sondeo mutuo entre patronal y sindicatos en torno a la flexibilidad y los salarios, para dar la bienvenida a la llegada de los acuerdos colectivos, que no son otra cosa más que el nombre que reciben en este mercado los acuerdos de cartelización ya que, no lo olvidemos, un sindicato no es más que un monopolio de oferta de trabajo. La negociación colectiva avanza lentamente, casi distendida ante la paciencia paternal del Gobierno. Parece ajena a la urgencia de los tiempos que, por cierto, ya no son los del abusivo Rockefeller.

Según la teoría económica más ortodoxa, la reducción de la tasa de paro es una de las ventajas que otorga la pérdida del poder monopolista de las empresas y de los sindicatos, derivada de los menores márgenes que podrán imponerse en el mercado de bienes y de la mayor flexibilidad de los salarios y de las condiciones laborables en el mercado de trabajo.

Por eso, desde hace tiempo cabe preguntarnos si estos síndicos, estos “hombres elegidos por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses”, tal y como los define el diccionario, son realmente necesarios, en su estructura actual, para velar por los verdaderos intereses de los trabajadores españoles o si, por el contrario, son una razón explicativa de nuestros 5 millones de parados.

Artículo de Ricardo Plaza

Sin embargo, a pesar de ello el la administración de Zapatero ha decidido suprimir la ayuda de los 426 euros, y dada la delicada situación del paro ha anunciado, además de sus medidas anticrisis, un nuevo programa de orientación al que aportará ayudas económicas destinadas a los desempleados sin rentas que quieran acceder a procesos de formación.

Según la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, esta noticia tiene como finalidad facilitar su inserción profesional donde aclaró que en la oferta formativa pública de 2011 habrá una cuota reservada para los desempleados que agoten su protección por desempleo.

El Gobierno ha informado que a partir de febrero de 2011 habrá 3.000 orientadores profesionales que ayudarán a los parados a buscar un puesto de trabajo (se suman 1.500 formadores).

Recordemos que a partir del 1 de enero empezarán a actuar las agencias privadas de colocación en colaboración con los servicios públicos de empleo (SPEE). Este es un sistema de colaboración público-privado en la búsqueda de empleo que atenderá a todos los desempleados, y les ofrecerá servicios gratuitos a los trabajadores.

Con estas nuevas iniciativas, el Gobierno se propone redistribuir su presupuesto ya que destinará el 60% de las inversiones a formación de parados y el 40% a la de empleados.

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