Lo que Hacienda sabía y se calló sobre la subida del IVA

Pese a lo que decía el Gobierno, la subida del IVA agrava la recesión y se destina a mantener el statu quo. Entre los economistas es bien conocido el hecho de que las subidas de impuestos son perjudiciales para la economía. Es lo que llaman la pérdida irrecuperable de eficiencia. Es evidente que para que una sociedad compleja como la nuestra funcione tienen que existir impuestos para que los servicios públicos fundamentales se mantengan en marcha (justicia, fuerzas del orden, órganos de gobierno que garanticen el cumplimiento de las normas de convivencia…).

Además, tenemos un consenso social en que existen determinadas funciones que debe asumir el Estado puesto que los ciudadanos las consideramos socialmente necesarias pero que al no ser rentables económicamente nadie llevaría a cabo. También se da este consenso en el sentido de corregir hasta cierto punto determinadas desigualdades que se producen de forma natural entre las personas (hasta qué punto debe hacerse esto es obviamente objeto de intenso debate).

Sacrificar cierto grado de eficiencia económica en aras de objetivos no económicos es algo que todos hacemos en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones personales. Por ejemplo, usted podría dedicarse a reparar el grifo que gotea en el baño (si es que sabe hacerlo) y perder en ello la tarde del domingo, pero tal vez prefiera pasar esa tarde del domingo de paseo en el parque con su mujer y sus hijos y pagar para que un fontanero lo haga. Usted habrá perdido dinero, pero habrá ganado algo que valora más.

Explicar las consecuencias de las decisiones que se toman

Pero tal vez su mujer piense otra cosa y crea que los cien euros que cobraría el fontanero valen más que la tarde de domingo en familia, con lo que usted tendría que resolver ese problema con su mujer. Y si entre dos personas surgen esos conflictos imagine los que pueden surgir entre 47 millones. Los politólogos han trabajado en estos temas desde hace siglos. Los políticos tratan muchas veces a los ciudadanos como menores de edad, y no les explican las consecuencias de las decisiones que toman. Adoptan el papel de prestidigitadores capaces de cambiar la naturaleza de la realidad, tergiversando, ocultando y mintiendo descaradamente. Son como aquellos vendedores de ungüentos mágicos que recorrían los pueblos engañando a las gentes crédulas.

Cuando las cosas no salen como habían prometido –nunca salen, salvo por casualidad– juegan con la memoria de las personas o buscan culpables sobre los que cargar la responsabilidad. Son, evidentemente, demagogos en su más amplia expresión. El grado de degeneración que ha alcanzado nuestro sistema político es patente cuando sólo queda para elegir entre diversos demagogos cuyos mensajes son a cual más disparatado, con unos medios serviles y controlados hasta el extremo que simplemente son cajas de resonancia de sus absurdas pretensiones. Afortunadamente la Red, a pesar de su todavía limitada influencia, presenta numerosos oasis en este desolador páramo de manipulación informativa. Es, en palabras de un amigo mío, un bug en Matrix.

El daño permanente que dejará la subida del IVA de Montoro

Esto mismo es lo que sucedido con Montoro y con su subida del IVA. Tenemos ya suficientes datos (septiembre y octubre) como para afirmar que el consumo y la inversión se han visto dañados muy seriamente por la subida del IVA, algo que se ocultó desde los ministerios de Hacienda y de Economía, aunque lo sabían perfectamente. Por una parte tenemos los dados de las ventas de los comercios minoristas, que mientras de enero a agosto descendieron un 5,6%, en septiembre y octubre lo han hecho en promedio un 9,8%, es decir, 4,2 puntos más. Por otra tenemos los datos de ventas interiores de grandes empresas (esto no es una encuesta, sino que son datos completos facilitados por Hacienda), que pasan de bajar un 6% de enero a agosto a un 10,6% de media en septiembre y octubre.

Es decir, suben un 13% el IVA y las ventas se retraen un 4% adicional. Según la propia Agencia Tributaria las ventas totales en el interior del país fueron 1,44 billones de euros. Si la subida de impuestos impone un descenso de un 4% sobre estas ventas, ¿cuánto más conseguirá recaudar el ministro? Posiblemente el valor añadido caiga mucho más que las ventas, como es habitual en estas situaciones, con lo que probablemente nos encontremos con una situación en que la subida del IVA ha provocado una caída de ventas 15 o 20 veces mayor que el incremento de la recaudación obtenida con la subida. Recordemos que un 6% de incremento sobre 50.000 millones (recaudación aproximada de 2012) serán sólo 3.000 millones. ¿Cuántos parados nuevos provocará esto? ¿Qué descenso en la recaudación por otros impuestos como IRPF o Sociedades causará?

No hay consenso social en el despilfarro de los políticos, pero ellos siguen

Si estos impuestos fueran destinados a mantener funciones del sector público en las que hubiera un consenso social para ello podríamos estar de acuerdo en las medidas del Gobierno a pesar de que depriman la economía, pero resulta patente que existe una enorme cantidad de gasto puramente político que el Gobierno sencillamente se niega a recortar.

¿No vimos en mayo la licitación del AVE a Castellón por importe de 1.328 millones, una infraestructura totalmente inútil que sólo dará pérdidas? ¿No vimos a la alcaldesa de Madrid contratando un carísimo bufete privado de abogados a pesar de tener 78 abogados en nómina? Y esto no es un caso aislado. Cualquiera que trabaje en el sector público sabe de casos de subcontratas de trabajos que podrían hacerse con el personal propio y que probablemente esconden otro tipo de motivaciones.

Tenemos, pues, a un Gobierno (que por desgracia en nada se diferencia de cualquiera de los anteriores), que impone más y más sacrificios a su población mientras la renta obtenida se destina a mantener unas élites parasitarias que viven a costa del resto de la población. En estas condiciones no es sorprendente el inmenso rechazo que provocan los políticos y, cada vez más, el propio sistema sustentado en la Constitución de 1978.