Adiós a la justicia para todos: llegan las tasas judiciales

Hasta ahora ligar era gratuito, abogados al margen, pero con la entrada en vigor de las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno interponer una demanda o reclamar el fallo del tribunal de estancia puede salir muy caro.

La nueva medida entró en vigor el 22 de noviembre con el objetivo de reducir la sobrecarga de trabajo a la que está sujeta la administración judicial y, de paso, aumentar también la recaudación.

Pero antes de entrar a valorar las nuevas tasas judiciales es necesario entender cómo funcionan y cómo afectan a los ciudadanos. Y es que hay más allá de pagar por acceder a la justicia y pleitear existen una serie de requisitos y de excepciones que es necesario matizar.

En primer lugar, conviene delimitar el ámbito de aplicación, ya que según el texto publicado en el BOE las tasas sólo afectarán a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales, que serán el Civil, Social, y el Contencioso-Administrativa, de forma que el ámbito Penal y Militar quedan fuera de las tasas.

Además, no todos los procesos de estas jurisdicciones estarán sujetos a las tasas, ya que no habrá que pagar por interponer la demanda ni los recursos relativos a la capacidad, filiación y menores, ni con los matrimoniales que tengan que ver con la guarda y custodia de los niños. Tampoco habrá que pagar cuando el litigio esté relacionado con la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas ni con la administración electoral ni la demanda de juicio verbal en reclamación cuando la cuantía no supere los 2.000 euros.

La cuantía de las tasas varía en función del tipo de litigio y de lo lejos de llegue la reclamación. Las tasas fiscales cuentan con una cantidad fija y otra variable aunque. La parte fija oscilan entre los 100 y los 1.200 euros euros en el caso de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo, a lo que habrá que sumar entre un 0,25% y un 0,5% de la cuantía procesal.

Ahora que tenemos claro como funciona la tasa judicial llega el momento de preguntarse ¿Cómo afectará al sistema judicial y a la economía real? Por una parte están quienes hablan severo recorte en las libertades de los ciudadanos y del fin efectivo de la justicia gratuita. Y es que ya hay quienes ven en estas tasas una fórmula de acabar con determinado tipo de litigios, ya que si la cuantía en disputa no supera la de las tasas difícilmente compensará presentar batalla legal o, en su defecto, reclamar cuando el fallo del tribunal de primera instancia no sea positivo.

Uno de los sectores más perjudicados podría ser el de las pyme, que verán mermados sus derechos de litigar. Eso es lo que aseguran en CEpyme, para quienes las nuevas tasas suponen un serio perjuicio para las pequeñas empresas en sus litigios contra las grandes.

Pospuesto por falta impresos

Pero lo mejor de todo es que las famosas tasas no podrán empezar a aplicarse de forma inmediata, ya que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no tiene listos los impresos de autoliquidación.

Y es que la hasta las próximas semanas Hacienda no tiene previsto dar luz verde a la orden que regule el procedimiento ni que estipule como se articulará la autoliquidación de estas tasas.