Uno de los nuevos problemas para el español promedio es ahora la posibilidad de la pérdida de su hogar. Pues sí, cuando creemos que todo está dicho, nuestro derecho a la vivienda puede verse afectado por embargos, tal como lo prevé la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes) que realizó un cálculo en base a los datos brindados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su informe, la Afes indica que un número superior a las 350.000 familias estarán perdiendo su vivienda en los próximos 5 años. Todas ellas, quedarán sin piso por problemas de pago.
Los juzgados se encuentran colapsados actualmente con un aumento exponencial de los casos de impagos generados por una bolsa de vivienda en ejecución hipotecaria sin finalizar, que se acerca a los 160.000 expedientes.
Destacamos que, estos procesos de embargos tienen una demora de 1 año. En este sentido, podemos conocer que los juzgados de toda España sufren un colapso acumulado desde principios de 2009.
En consecuencia, tal como mencionó el estudio de Afes se posee ahora mismo una cartera de viviendas adjudicadas, en conjunto con las que se adjudicarán, bancos y cajas pondrán a la venta casi medio millón de casas, y así, se sumarán a la bolsa de total de créditos hipotecarios fallidos otorgados de 2004 a 2007.
Gracias a que muchos perderán su casa, la cuestión surge acerca de si se debe o no cambiar la ley para permitir de manera generalizada la dación en pago. Esto es, saldar la deuda hipotecaria con la entrega del piso al banco, sin tener que pasar por el embargo y subasta tediosos.
Bajo este regímen, se genera la extinción de la responsabilidad hipotecaria, y así se permitiría la eliminación total de la garantía personal pero esto traería aparejado la dificultad de acceso a la vivienda, ya que las entidades exigirían una solvencia mucho mayor al comprador.
Por otra parte, claro está que, la relación entre el importe del préstamo y el valor de tasación del inmueble será menor, porque es solo el inmueble el que responde de la deuda.
Adicional a todo esto, el riesgo de impago seguirá vigente y como los bancos sólo se quedarán con un inmueble, que de mucho no les sirve financieramente, si se da lugar a realizarse esta forma de pago salvadora de los problemas de potenciales propietarios, acarreará un aumento de los tipos de interés reales por encima del doble.
Pese a los pro y contras que genere esta medida, la UGT y CC OO de Cataluña en conjunto con la asociación de consumidores Adicae elevaron al Congreso una iniciativa popular para que sea posible cancelar una deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda.
El tema es, puntualmente que, una vez que el banco nos embarga el piso, y tras la subasta, las familias siguen debiendo hasta el 50% de su valor a la entidad financiera. Esto es completamente injusto, dado que el bien es considerado una necesidad básica para los habitantes españoles, y este derecho no puede ser usado para obtener rentabilidades inigualables por estas entidades.
Si quieren hacer negocios, que lo hagan con las finanzas, no poniendo en juego el techo de nuestros hijos…