Gastar sin ser responsables de la recaudación para financiar esos gastos se comprobado que es una política maldita que ha llevado a las comunidades autónomas españolas a saltarse todos los límites impuestos por la ley y a poner en serio peligro la solvencia de España. Para evitar que esta sangría de gasto continúe los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que sean las propias comunidades las que asuman la responsabilidad de gestionar sus ingresos y gastos. En otras palabras, hay que apostar por el federalismo fiscal.
En una entrevista recogida por la agencia Efe , Juan Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio-Ramírez, directores del Observatorio Fiscal y Financiero de Fedea, y profesores de la Universidad Complutense y de la Universidad Duke, respectivamente explican su propuesta.
Para salvar el modelo de Estado autonómico, y que sea «eficiente y estable», hay que avanzar en los principios del federalismo fiscal. «Para que los incentivos funcionen es imprescindible que haya más corresponsabilidad fiscal» y recuerdan que «lo importante es tener un nivel de gasto compatible con la capacidad de ingresos».
Estos expertos, que han evaluado los Planes Económico Financieros (PEF) 2012-2014 presentados por las autonomías, sostienen que el Gobierno debe actuar con firmeza para que las comunidades ejecuten sus planes y cumplan la ley, y de no hacerlo emplazan al Ejecutivo a que utilice las herramientas que tiene a su alcance, como la intervención.
No obstante, tanto el profesor Conde-Ruiz como Rubio-Ramírez subrayan que la intervención debería utilizarse «como último recurso», ya que «siempre es mejor conseguir acuerdos».
Por el contrario, las comunidades cumplidoras -que según el último informe dirigido por estos expertos serían Galicia, Navarra y La Rioja- recibirían su «premio» de los mercados con bajos tipos de interés.
Estos dos expertos aseguran que, en el primer trimestre, las comunidades no han cumplido con sus PEF y, en concreto, en los gastos de personal la reducción que debía ser de 3.636 millones (-6,36% para todo el año 2012) se ha quedado en 136 millones.
Ambos coinciden en no entrar a valorar qué gastos hay que bajar o qué ingresos hay que subir, ya que «eso corresponde a los políticos», pero estiman que la partida de gastos de personal es la más importante y no sería conveniente que todo el ajuste recayera sobre ella.
De ser así y continuar en la línea de rebajas hacia el capítulo de personal, tanto Conde-Ruiz como Rubio-Ramírez auguran una repercusión negativa en la calidad de servicios básicos, como la educación y la sanidad.
Además, consideran «muy preocupante» que en los PEF las comunidades incluyan medidas «de una sola vez», pues al no tener continuidad bajan el déficit este año pero no sirven de forma permanente y estructural.