¿Por qué se discrimina a los funcionarios?

Llevamos ya casi siete años de crisis y todos hemos sufrido fuertes recortes por todos lados: desde bajadas de sueldos, reducción por indemnización por despido…, recortes en educación, sanidad, cultura, educación a la ciudadanía, formación de género, subidas de impuestos…

Todos estos recortes han sido consecuencia directa de constatar que no podemos mantener nuestro nivel de vida y sirven, fundamentalmente, para mantener intactos los privilegios de la estructura represiva del Estado quien no se ha recortado nada.

Una de las consecuencias más sangrantes del conflicto económico en el que nos hallamos, ha sido la interrupción de la relación laboral a la que se han visto sometidos millones de personas. Ante esta situación se plantea por qué los funcionarios no se han visto abocados al mismo esfuerzo y si esta situación es justa y sostenible.

El esfuerzo de apretarnos firmemente el cinturón lo hemos tenido que hacer todos; cuanto más desmanes, más pisos en la costa, viajes a destinos impronunciables, más casas a la edad de 25 años y demás salvajadas económicas, mayor ha sido el castañazo resultante de darse de bruces. Para muchos el golpe de la caída desde las atalayas insostenibles a la realidad de lo que era factible, les ha resultado durísimo, inaguantable.

Pero, por qué mientras que el común de los mortales ha visto como su relación laboral era interrumpida de forma libre, otras personas, los funcionarios, seguían campando a sus anchas, librándose del esfuerzo que todos estábamos realizando con el fin de mantener la situación de privilegiado que tiene el Estado? Durante esta crisis (y lo que queda de ella), el Estado ha tenido un fin primordial: mantener su patrimonio aunque ello fuera ahogando mediante garrote vil a todos…menos a los funcionarios.

Pagas extraordinarias o puesto a perpetuidad y demás prebendas de razas de potentados, no son moralmente sostenibles en un país en el que el ciudadano raso (el funcionario no lo es), realiza esfuerzos inhumanos por llegar a fin de mes. El hecho de que los funcionarios mantengan el privilegio de las pagas extraordinarias y de su puesto de por vida supone mantener en la estructuras vetustas del Estado, valores abiertamente Franquistas cuando el país lleva haciendo enormes esfuerzos en borrar todos los vestigios del fascismo.

En ninguna cabeza cabe que los funcionarios no puedan ser expulsados en caso de una baja calidad en su rendimiento o por una mala atención al ciudadano, algo a lo que el resto de trabajadores sí que estamos expuestos. ¿Por qué una oposición (o unos años de estudio) blinda a nadie del desempleo? ¿Acaso nos libra de o de dicha situación a los trabajadores por cuenta ajena el habernos dejado la piel en nuestras empresas durante años? Tenemos la obligación moral de modernizar la relación entre el Estado, el funcionariado y los trabajadores: de una vez por todas han de caer estructuras mentales de relaciones decimonónicas. No puede ser que se viole de forma tan flagrante el principio de igualdad discriminando a la ciudadanía entre funcionarios y trabajadores…basta ya!

Estoy hasta el gorro de la discriminación secular a la que están sometidos los funcionarios, al ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Démosles la oportunidad de participar de forma activa en el esfuerzo que todos estamos haciendo, sin límites, de forma integradora.   La segunda reforma laboral reclamada por el Fondo Monetario Internacional ha de ir, necesariamente, en la dirección de establecer la participación activa de los funcionarios en  épocas de crisis en el esfuerzo colectivo de una forma equitativa a sus posibilidades.

La imposibilidad de la interrupción voluntaria de la relación laboral, es decir, del aborto laboral que es negado al Estado respecto al funcionario, es una de las mayores piedras en el camino de aquellas personas que están en situación de desempleo y una enorme discriminación de los funcionarios al no darles la oportunidad de arrimar el hombro en la misma medida que el resto.

¿Por qué hay mantener a un colectivo tan amplio y con tareas que se solapan en la administración local, autonómica y estatal? En una empresa privada tras una fusión se buscan sinergias y a los que realizan tareas duplicadas los mandan a la calle. ¿No debería el Estado buscar sinergias en su estructura? ¿No debería desear  la eficiencia incluso más que las empresas privadas puesto que el dinero que le financia no le pertenece? ¿No debería darnos cuentas de sus resultados y de su eficiencia a todos los ciudadanos legítimos dueños de ese dinero?

Seguir manteniendo la imposibilidad de que el Estado adapte su personal a sus posibilidades, sin tener que apretar hasta matar al ciudadano, significa más paro, más injusticias, menos solidaridad. El efecto de la existencia de esa dádiva de imposibilidad de resolver la relación laboral del funcionario, es una ataque a la línea de flotación y las esperanzas de la ciudadanía de liberarse de unos impuestos que, en las cotas que han llegado en España, son profundamente injustas, inasumibles y lo único que fomentan es la economía sumergida.

Los funcionarios, personas que han demostrado una enorme entrega al bien común, deberían dar un paso al frente, solidarizarse con los trabajadores que carecen de sus privilegios, y ofertar al Estado la rebajada de sus sueldos.

Hay que plantearse si no es mas justo para todos, una fuerte rebaja de los sueldos de los funcionarios (lo mismo que ha sucedido a la aplastante mayoría de la ciudadanía) y despidos de los que sobran a cambio de una bajada de los impuestos.  El Estado lo tiene claro: prefiere seguir exprimiéndonos a todos, que no podemos hacer huelga de pagar impuestos, para que unos pocos mantengan sus privilegios.

Que cada uno decida si los funcionarios están siendo o no discriminados…para mí está claro.

Borja Mateo es experto inmobiliario, economista y autor de los libros “La verdad sobre el mercado inmobiliario español” y “Cómo sobrevivir al crack inmobiliario” (editorial Manuscritos) www.borjamateo.com