En los últimos días, muchas han sido las voces que han exigido una mayor presión a los bancos para que frenen la sangría de desahucios que se está produciendo. Sin duda, son uno de los signos más visibles y de consecuencias sociales más dramáticas que está dejando la crisis y que están sufriendo miles de españoles ante la imposibilidad de poder pagar sus exorbitantes hipotecas.
En concreto, el número de desahucios registrados, aumentó en el segundo trimestre de este año un 13,4% con respecto a 2011, y está situación lejos de estabilizarse parece ir en aumento. De hecho, es posible que el año 2012 se salde con cerca de 180.000 nuevos desahucios en nuestro país.
Esta situación se agrava en el caso de aquellas familias en las que algunos de sus miembros ha pasado a engrosar las listas del paro, uno de cada cuatro españoles se encuentra en estos momentos desempleado, y ante la subida de los precios. A partir de ese momento se inicia un círculo vicioso en el que los afectados son incapaces de hacer frente a sus deudas y se encuentran desprotegidos ante las medidas que adoptan los bancos en su contra y entre las que el desahucio está a la orden del día.
Ante este panorama, se hace necesaria una nueva regulación que proteja a las personas que se encuentran o se encontrarán en esta situación. El propio Gobierno ha reconocido que el Código de Buenas Prácticas Bancarias a penas a tenido efectos positivos, de ahí que el Consejo General del Poder Judicial se proponga estudiar la situación para atenuar las dramáticas consecuencias de esta mala praxis bancaria y que en palabras del Vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, se haga necesaria una reforma de la actual ley hipotecaría, ya que la actual presenta disfunciones que están provocando un gran número de desahucios.
Por su parte el PSOE, también se ha pronunciado al respecto y pretende reunirse de urgencia con el ejecutivo para abordar esta problemática social. Su iniciativa parte de la reforma de cinco leyes y adoptar medidas más profundas que las contenidas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Entre ellas, la dación en pago, moratorias, más flexibilidad por parte de los bancos, evitar el abuso de los intereses de las deudas y el fomento de alquileres sociales, se encuentran entre algunas de las medidas que se proponen abordar.
IU también ha reclamado una moratoria urgente de los desahucios para que no se produzca ningún desahucio más como consecuencia de la crisis. Esto muestra como cada vez más al malestar social se le están sumando las reacciones políticas.
En definitiva, de lo que se trata es de que los bancos también asuman parte de la responsabilidad que tuvieron mediante la concesión de créditos e hipotecas con altas probabilidades de impago y que no recaigan todas las consecuencias sobre los hipotecados. Por ello, se hace necesario la adopción de nuevas medidas,concretar las ya existentes, así como una reforma de la actual ley hipotecaria.
De momento, todo está en el aire y será en los próximos meses cuando veremos si verdaderamente se produce esa reforma de la actual ley hipotecaria, así como la plasmación en papel de las presiones de los distintos sectores sociales, y lo que es más importante, se consigue el desahogo de todas las familias afectadas por este drama social.