¿Es el ‘dumping’ una práctica legal o se trata de competencia desleal? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha ofrecido una sentencia que zanja el debate. Aquí te contamos todas las claves.
La competencia en el mercado, en cada sector, es simplemente feroz. Las empresas buscan estrategias innovadoras, nuevos productos y todo tipo de tácticas para ganar en competitividad, por ejemplo, fomentando fenómenos como la obsolescencia programada. En esa lucha encarnizada, ¿hasta qué punto están dispuestas a llegar las compañías, incluso a vender por debajo de coste? Pues algunas, sí. Descubre todas las claves sobre el dumping. A pesar de que vender más caro de lo que cuesta producir rompe, de entrada, la lógica de cualquier negocio, que es lograr rentabilidad y ganar dinero, hay grandes compañías a las que les puede merecer la pena. Sin embargo, a las pymes, a muchas otras empresas y también a diversas autoridades les parece que dumping y competencia desleal son simple y llanamente sinónimos.
¿Qué es el ‘dumping’?
Aunque ya se ha apuntado, para que lo tengas claro del todo, el dumping es una práctica comercial que consiste, básicamente, en distribuir un producto en el mercado a un precio inferior de lo que supone el coste de su producción. De nuevo, aunque parezca contradictorio, el objetivo es competir de forma más eficaz frente a los rivales comerciales. Algunos expertos aseguran que las empresas que sostienen esa política sólo buscan trastornar la competencia y, en definitiva, adueñarse del mercado. La eficacia del dumping, si se logra el propósito para el que se usa, reside en que las empresas más grandes desgastan a las más pequeñas con precios menores con los que éstas no pueden competir. También, de paso, se infringe cierto ‘castigo’ a los rivales de mayor tamaño. De esa manera, consiguen vender más, aunque sea perdiendo dinero, y van eliminando, al mismo tiempo, a los competidores. O, al menos, pueden minorar notablemente los ingresos de los otros.
¿Proteccionismo o libertad de mercado?
Uno de los debates que surge al hablar sobre el dumping es si las autoridades deben prohibirlo, cuanto menos limitarlo, o permitirlo. Si optan por el primer camino, hay dos lecturas: o bien están cayendo en un cierto proteccionismo o bien están cuidando del normal funcionamiento del mercado y, al mismo tiempo, de los negocios de menor tamaño. Si los responsables de competencia, por el contrario, se decantan por abrir la mano, de nuevo, existen dos interpretaciones: o están dando preferencia a la libertad para hacer negocios o están dando vía libre a las grandes corporaciones para imponer su ley, hacerse con el mercado y dejar que perjudiquen a las pymes.
Desde instancias económicas, la discusión pasó al ámbito y político y, de ahí, como era de esperar, trascendió a los tribunales. No sólo en España, sino también en otros países miembros de la Unión Europea (UE).
El ‘dumping’, ¿legal o ilegal?
En lo que se refiere al mercado nacional, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal fija que vender por debajo del coste de producción es ilegal. Pero esa normativa estaba en cierto entredicho por las distintas visiones antes mencionadas y se hacía necesario salir de dudas.
La respuesta definitiva al debate ha venido de Bruselas, con lo que tiene aplicación en todo el territorio comunitario dejando atrás la legislación española. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en los últimos días de febrero que el dumping no puede considerarse ilegal en ninguno de los países miembros.
A quién beneficia el ‘dumping’
Como es obvio, ser capaz de aguantar un determinado tiempo vendiendo productos a pérdidas, sin tan siquiera cubrir costes, está al alcance de muy pocos. Hay que tener mucho ‘aguante’, muchos recursos, para poder permitirse ese lujo. Es decir, que sólo las grandes compañías pueden hacerlo. Así que, en principio, el dumping les beneficia a ellas.
A quién perjudica el ‘dumping’
En el otro lado quedan las pymes y los negocios de menor tamaño, que apenas pueden resistir ese ritmo por un tiempo. Si es que pueden hacerlo, que en la mayoría de los casos no es así. La consecuencia de la decisión del TJUE es que habrá mayor competencia y, por tanto, a la larga, serán las pymes las que sufran.
España, un país de pymes
En el conjunto de la UE las pymes tienen un rol clave: unos 23 millones de estas empresas dan trabajo a aproximadamente 75 millones de personas y representan el 99% del tejido empresarial y el 67% del empleo, creando el 85% de los nuevos puestos, según datos de la CE.
Finalmente, en relación a España, aún va un paso más allá que el resto de países miembros, puesto que hasta el 99,9% de las empresas que hay en el país encajan en la categoría de una pyme. En conjunto, son más de 3,2 millones las pymes que operan en el mercado, según datos del Directorio Central de Empresas (Dirce).