La actual situación de gravísima crisis económica junto a las duras restricciones de acceso al crédito han abocado a la administración pública a una difícil situación financiera, agravada cada día más por la caída de la actividad económica y por el consecuente descenso de recaudación.
Esta situación ha provocado el impago y los retrasos en las facturas y las obligaciones que Ayuntamientos y otras Entidades Locales han adquirido con sus proveedores, en su gran mayoría autónomos y pequeñas y medianas empresas de la zona. Si unimos a estos impagos, la dificilísima situación provocada por el cierre del grifo financiero, encontraremos con que un gran número de estos autónomos y pymes se han visto obligados a cerrar y a abandonar la actividad profesional, quedando en condiciones realmente precarias.