Portugal sigue con su política de recortes y la lleva ahora hasta el empleo público. Los datos que ofrece la Dirección General de la Administración y el Empleo Público del país luso durante el primer semestre del año no pueden ser más reveladores de lo que está cociéndose allí: 9.282 funcionarios han sido despedidos de sus trabajos, en lo que supone una reducción del 1,6% con respecto a la plantilla que había en diciembre del 2012.
Es más, la reducción con respecto a diciembre del 2011 es aún más profunda: desde entonces hasta hoy han sido más de 35.000 los funcionarios que se han visto desligados de las administraciones públicas. La Administración Central es la que ha sufrido el mayor recorte en su plantilla de funcionarios.
En la actualidad son 574.946 los funcionarios que trabajan en Portugal, y no es de extrañar que de aquí a final de año se cumpla el recorte del 2% que ya había marcado la troika como indispensable durante el 2013 para Portugal. Realmente nuestros vecinos no han sido ni mucho menos un ejemplo de buena gestión política (aunque hoy en día, ¿quién lo es?), de ahí que se hayan visto en la necesidad de adelgazar la Administración Pública.
En mayo del 2011 Portugal firmaba un préstamo de 78.000 millones de euros concedido por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. A cambio del mismo el país portugués se comprometía a aplicar una serie de medidas que sirvieran para sanear sus cuentas. Una de estas medidas era precisamente la reducción de funcionarios que, como se ve, están llevando a cabo al ritmo que impone la troika.
La pregunta ante este recorte de personal en Portugal es: ¿debe tomar España el mismo ejemplo que su país vecino?, ¿o antes que eliminar personal público lo que habría que hacer es eliminar diferentes tareas administrativas?
La burocracia siempre crece y no sabemos si a la larga esta reducción de funcionarios va a implicar un mayor control y estabilidad de la economía en Portugal.
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