Lo ha dicho el Tribunal Supremo: las compañías eléctricas no están obligadas a sufragar el denominado bono social. No entiende el legislador por qué esa ayuda no se reparte equitativamente entre todos los sectores implicados en la producción y distribución de la electricidad, incluidos el Gobierno o los consumidores.
La sentencia no podía llegar en peor momento. Cuando muchas familias españolas pasan serios apuros para llegar a fin de mes esta decisión, como ha reconocido Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, obliga al Gobierno a elevar la parte regulada del recibo de la luz. Así que todo apunta a que a partir del 1 de abril habrá “un incremento en la tarifa eléctrica». Aunque es subida “no recaerá sólo sobre la cuenta de los consumidores», según promete el ministro.
La realidad es que con la complejísima factura eléctrica, los españoles ya están entre los europeos que más cara pagan la luz, según los datos de Eurostat. Sólo Malta y Chipre tienen tarifas eléctricas más caras. Para compensar ese cargo, el Gobierno creó en 2009 una especie de ayuda, denominada el bono social. Según esto, los consumidores con menos capacidad adquisitiva quedaban liberados de las subidas de la luz hasta finales de 2013. Más de tres millones de clientes se acogieron a esta medida, lo que supone un coste total de unos 150 millones de euros.
Esta sentencia del Supremo es la respuesta a un recurso interpuesto por Iberdrola que consideraba que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras «que debe calificarse de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales».
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