La nueva Ley de Desindexación de la economía entrará en vigor el próximo año. Consiste en la desvinculación de las rentas, precios y conceptos de administraciones públicas, de la evolución del índice de precios de consumo o IPC. Se aplicará en la administración central, autonómica y local. La revisión de los precios regulados será justificada por los costes y no por la inflación.
Para promover la desindexación voluntaria por parte del sector privado, se ha creado un Índice de Garantía de la Competitividad ,IGC, que será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que se haya pactado una cláusula de revisión sin especificar cuál. Este índice tendrá en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida y estará entre el 0 y el 2%. En los contratos privados en los que falte una claúsula que diga lo contrario, se aplicará la no indexación de forma automática.
El IGC o índice de garantía de la competitividad será publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y servirá para actualizar algunos precios de la administración pública. Tendrá en cuenta la inflación, que será corregida con la resta de la pérdida de competitividad desde la entrada en el euro. El índice IGC se realizará de la misma forma que el IPC. Con cestas con determinados bienes , pero tendrá como base el IPC de la eurozona. Este índice ha sido históricamente más bajo que el de España.
Esta norma comenzará a aplicarse para todos los nuevos contratos que se firmen.En el caso de los contratos de servicio público se establece la retroactividad de la norma. Afectará a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como administración de autopistas, peajes, la bombona de butano, metrobus, agua, telefonía, tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo. Fomentará la estabilidad de precios y una mejora de la competitividad. Se evitarán los llamados «efectos de segunda ronda» en la economía, algo que ha generado mucha inflación.
Aproximadamente unos 36.000 millones de euros son los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares. Si esta cantidad se desvincula del IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2%. También supone un ahorro de costes para las administraciones.
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