El sindicato Manos Limpias ha transformado el sentir general contra los gestores de las cajas de ahorro y el supervisor financiero en una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, manos limpias acusa con nombre y apellidos al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la caja de ahorros.
El juzgado no sólo ha aceptado el caso, sino que ha abierto diligencias para investigar ya que el juez considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal«. Es sólo un primer paso, pero con las mismas dudas o más, este sindicato inició la acusación contra el Juez Baltasar Garzón y años después consiguió su inhabilitación.
Manos Limpias acusa al gobernador del Banco de España por su «grave imprudencia» al permitir la concesión de créditos «sin controlar el riesgo», lo que podría constituir varios «delitos penales» por omitir su labor de supervisión de las entidades financieras, según la denuncia presentada.
Además, Manos Limpias acusa a Fernández Ordóñez de no supervisar correctamente a Caja Castilla La Mancha (CCM) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que también tuvieron que ser intervenidas por el Banco de España ante su situación de quiebra.
A los presidentes de Bankia, les acusa de presuntos delitos societarios, falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos.
En la denuncia se les acusa de conceder una «millones de créditos fallidos a los especuladores» del sector inmobiliario y de «maquillar los balances» en la declaración de sus cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hechos denunciados posteriormente por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB).
El sindicato también denuncia el incumplimiento por parte de España de la directiva europea 30/0/2009, que limitaba las indemnizaciones a los banqueros a dos años de retribuciones fijas y obligaba a devolver los pagos en exceso.
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