El próximo viernes España verá nacer su Banco Malo. Esa entidad que debe hacerse con todos los activos inmobiliarios impagados que tienen las entidades financieras españolas y que es el primer requisito (según el Memorandum firmado con Europa) para acceder a las ayudas de 100.000 millones de euros ofrecida por Europa. Aunque, según dijo ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, se esperará a que las auditoras terminen su estudio pormenorizado por entidades para solicitar las ayudas pertinentes.
Pero cuando apenas quedan cinco días para ese evento la gran incógnita es si ese banco malo se atreverá a rebajar el precio de los activos inmobiliarios en línea con lo que demandan los inversores internacionales. Un rebaja inferior podría ser mortal para la credibilidad española,pero la rebaja que demanda el mercado puede poner en jaque las cuentas de más de una entidad financiera española.
Está previsto que dichos activos inmobiliarios, que podrían extenderse a las participaciones de la banca en empresas promotoras, se contabilicen a valor razonable y no de mercado, y que el ‘banco malo’ les dé salida de forma escalonada en un plazo dilatado de diez años.
Aún se desconoce la forma de articular el ‘banco malo’ con el detalle de los activos que aglutinará más allá de los citados en el memorando y sobre quién recaerá la gestión del mismo, así como qué criterios se utilizarán para establecer su valoración.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, sostuvo en declaraciones a Europa Press que el banco malo permitirá solucionar muchos de los problemas de la economía española y contribuir a la puesta en el mercado de las 700.000 viviendas sin vender a un precio acompasado a su valor real.
Distinta opinión tiene la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), para la que este instrumento puede caer en saco roto si no se acompaña de reformas que impidan la vuelta a las condiciones que permitieron la creación de la burbuja inmobiliaria.
En lo que coinciden tanto Adicae como el Ejecutivo es en que el ‘banco malo’ podría provocar un descenso generalizado de los precios de la vivienda, lo que, para la asociación, se traduciría en el empobrecimiento de los propietarios de un inmueble.
Otros expertos consultados por Europa Press apuntan a que este instrumento podría congelar la necesaria corrección de los precios inmobiliarios en España.