A pesar de no formar parte del accionariado de SAREB, lo cierto es que BBVA ha plasmado un convenio por el que también se suma, de la misma manera que anteriormente hicieron Sabadell, La Caixa o Santander (estos si accionistas de banco malo) a la financiación destinada a particulares que decidan comprar viviendas e inmuebles de esta sociedad.
Según el citado convenio, la entidad bancaria plantea una línea de financiación que puede llegar hasta los 1000 millones de euros para este objetivo.
Además, aumentando el rango de posibilidades de financiación, la entidad permitirá la concesión de hipotecas para la compra de inmuebles inscritos como garantías en préstamos al promotor, que se encuentren por supuesto en manos de SAREB, y del mismo modo, se podrá emitir financiación destinada a otros activos transferidos por el banco malo a los propios fondos activos bancarios.
El origen de la atracción que motiva estas líneas de financiación, reside sin duda en los diferenciales aplicados que son relativamente altos en comparación a otros productos de mercado (actualmente fijados en 3,25 a sumar al índice de referencia)
De esta manera, la entidad bancaria se encuentra con posibilidades de negociación con elementos como la vinculación, a efectos de poder ofrecer condiciones de bonificación sobre las hipotecas, basadas como suele ser habitual en el grado de vinculación, y que también puede afectar estas operaciones. En el ejemplo de las viviendas orientadas a primera vivienda, podemos hablar de una posibilidad de financiación de hasta un 80% para un plazo de amortización de hasta 30 años, con un tipo de interés compuesto de Euribor +1 diferencial que puede partir desde 2,25, en atención al nivel de vinculación del usuario con la entidad bancaria.
En el caso de las segundas viviendas lógicamente las condiciones se reducen, con financiaciones máximas del 60% para plazos de amortización de hasta 25 años y un diferencial mínimo de 3,25 más el índice de referencia.
También se añade la posibilidad de financiación de activos inmobiliarios no residenciales destinados a actividades económicas, a los que, según la entidad, también se aplicarán condiciones favorables.