El 25 de febrero de 2025, el Govern de Cataluña, aprobó un decreto ley que introduce cambios significativos en la política de vivienda de la región.
Entre las principales medidas destaca la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores de propiedades, con el objetivo de identificar viviendas vacías y destinarlas al parque público.
Esta iniciativa busca aumentar la oferta de viviendas asequibles y regular los precios del alquiler en zonas tensionadas.
Además, el decreto facilita el uso de fondos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) para la construcción de más viviendas de protección oficial (VPO) y reduce los plazos de exposición pública para agilizar las obras públicas.
Estas acciones pretenden incentivar a los promotores a invertir en alquiler público y simplificar los trámites para quienes solicitan viviendas protegidas. Sin embargo, el decreto aún debe ser convalidado por el Parlament, donde el PSC no tiene asegurado el apoyo de ERC y los comunes.
Reacciones y efectos en el mercado inmobiliario
La implementación de estas políticas ha generado diversas reacciones entre los actores del sector inmobiliario.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana, ha solicitado una mayor «flexibilidad» en la norma que obliga a reservar un 30% de las nuevas promociones para vivienda protegida en Barcelona.
Propone que los promotores puedan pagar una tasa al Ayuntamiento para que este construya directamente las viviendas sociales, argumentando que esta medida podría agilizar la creación de viviendas asequibles y equilibrar las cargas entre el sector público y privado.
No obstante, el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, ha desestimado esta propuesta, defendiendo la necesidad de mantener la reserva del 30% y sugiriendo la posibilidad de transferir esta obligación entre diferentes barrios para adaptarse[…]Leer noticia completa en la fuente original
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