¿Cuánto nos cuesta la corrupción en España?

Por todos es sabido las consecuencias sociales de la corrupción en España. pero esto trae cola, ya que la desconfianza actúa en nuestra contra siendo ya una consecuencia económica grave.

Mapa de corrupción elaborado por PPleaks.com

En España, no ha habido una medida exacta de cuánto nos cuesta a los ciudadanos la corrupción. Fue la Universidad de las Palmas la que hizo un estudio sobre el coste social de estas prácticas, lo cifraron en aproximadamente 40.000 millones anules.

Con todo ello es fácil hacerse una idea, comparándonos con otros países donde sí se ha medido. Por ejemplo, en Italia se cifró en 60.000 millones de euros anuales, un 3,9 por ciento del PIB desperdiciado por el comportamiento ilegal, o desleal, de la administración y los políticos.

Y es que la corrupción da lugar a costes innecesarios que pagamos todos. Por ejemplo, cuando se conceden favores alejados de los criterios de bienes públicos que exceden el programa de gasto público. Este es un coste directo. Pero también hay costes indirectos, como el rent-seeking (búsqueda de rentabilidad a través de la manipulación del entorno público). No es otra cosa que que las empresas dejen de mirar al consumidor para dedicar todos sus recursos a recibir favores o concesiones de la Administración.

Los costes sociales que se midieron a mediados de este año en la Universidad de las Palmas habla también del impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga; que son costes sociales que no reflejan otras estadísticas. No es más que el impacto que tiene la corrupción en la calidad e vida de todos los españoles.

¿Cuáles son las consecuencias de estas prácticas ilegales? Sin duda las consecuencias de desviar el gasto público a manos de unos pocos no es otra que los actuales recortes que está viviendo España. Los investigadores afirman que sólo con reducirla nuestro país podría alcanzar sus objetivos de déficit público sin tantos recortes, y sin subir los impuestos.