Todo el mundo es sospechoso de impago. Esta podría decirse que es la premisa sobre la que se ha basado el Gobierno para aplicar una nueva vuelta de tuerca al sector financiero español. El Consejo de Ministros ha acordado ampliar las exigencias de provisiones para los créditos inmobiliarios que va a obligar a la banca a destinar unos 30.000 millones de euros adicionales. Además, se ha encargado al ministro de Economía, Luis de Guindos, que elija a dos evaluadores independientes que se encarguen de valorar toda la cartera de activos inmobiliarios del sistema financiero español.
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La bolsa se hunde tras el Consejo de Ministros. El Ibex 35 pierde más de un 3%.
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