El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados con un respaldo de 176 votos a favor frente a 167 en contra y una abstención. La ley regula y establece un tope en el precio de los alquileres, reduce de diez a cinco viviendas la definición de gran tenedor en zonas tensionadas y modifica los procesos de desahucios, complicando el desalojo de los ocupas, entre otras medidas.

La norma será remitida al Senado y se espera que entre en vigor antes de las elecciones del 28-M. La nueva Ley incluye las siguientes medidas:

Principales medidas a tener en cuenta

Se establece un control de precios en los contratos de alquiler de viviendas, eliminando el IPC como índice de referencia para actualizar la renta. Si el propietario es considerado como un gran tenedor (personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros), los contratos que se renueven en 2024 no podrá superar el 3% de subida.

Si el arrendador no es un gran tenedor, el incremento será el pactado entre las partes y, si no llega a un acuerdo, no podrá ser más del 3%. Además, se establece que el Instituto Nacional de Estadística podrá definir un nuevo índice de referencia que reemplazará al IPC antes del 31 de diciembre de 2024, con el fin de evitar incrementos desproporcionados en los precios.

Se permite que las autoridades responsables de la vivienda declaren zonas tensionadas cuando se cumpla cualquiera de las siguientes dos condiciones: