La CNMV conocerá pero no desvelará el secreto mejor guardado del reino: quién apuesta contra la deuda española

¿Quiénes son los culpables de que los intereses de la deuda pública Española se hayan disparado en los dos últimos años? La contestación a esta pregunta nunca ha podido ir más allá que señalar a los etéreos mercados como los grandes culpables. Identificar a los malos podrá  ser posible a partir del mes de noviembre, pero sólo para algunos privilegiados. El gran público seguirá en la ignorancia.

Y es que según ha informado hoy la entidad reguladora de los mercados financieros españoles, la CNMV, a partir del próximo jueves será obligatorio que los inversores informen sobre las posiciones cortas que abran contra la deuda española y los seguros de cobertura en caso de impago de la misma, los conocidos como CDS, de la misma forma que ya  es obligatorio hacerlo contra los valores cotizados en bolsa. Es el resultado de la aplicación de la directiva europea sobre posiciones cortas que comenzará a funcionar en todos los países de la unión.

A efectos prácticos, los cambios implican la unificación de formularios para comunicar los datos en todos los países, y esa nueva obligación de informar de las apuestas bajistas contra la deuda de los países y los seguros para cubrirla que sólo será efectiva para quienes tengan posiciones abiertas del 0,5% del total de la deuda pública española. Esto significa que deberán apostarse casi 3.000 millones de euros para ser registrado.  Desde luego, no es algo al alcance de cualquier especulador. Más bien parece una medida de cara a quedar bien con la opinión pública y satisfacer una demanda de que se venía realizando desde años, sin perjudicar a los operadores de mercado que tendrán muy fácil camuflar sus ataques en pequeñas apuestas, pero casi seguro igual de efectivas y dañinas, para los intereses de los estados.

Además, con la nueva regulación europea la última opinión sobre si se levanta o no la actual prohibición de posiciones cortas vigente en España será responsabilidad del organismo europeo, ESMA, al que la CNMV española deberá trasladar un informe con su valoración. La nueva legislación sí contempla la posibilidad de un único país, como ahora España, mantenga la prohibición si las condiciones de mercado así lo aconsejan.