- 11 países acuerdan seguir avanzando en la implantación de la Tasa Tobin.
- Reino Unido, Luxemburgo, Malta y Eslovaquia se quedan fuera del acuerdo.
- La recaudación estimada podría superar los 37.000 millones de euros anuales
En época de de crisis cualquier fuente de ingresos es bienvenida, y tal vez por eso el Ecofin celebrado ayer finalizó con un curioso acuerdo a 11 bandas (en lugar de 15 como suele ser habitual) respecto a la puesta en marcha de la conocida ‘Tasa Tobin’ sobre la especulación financiera.
España, con otros 10 países de la Unión Europea, votó a favor de la posibilidad de seguir avanzando en la aprobación final de ese impuesto, que oficialmente se denominará Impuesto Armonizado sobre Transacciones Financieras (FTT, según las siglas inglesas). Hasta ahora, esta posibilidad quedaba vetada si alguno de los estados miembros no apoyaba la medida. Como era de esperar, ayer el Gobierno británico y el luxemburgués, países ambos donde las transacciones financieras son una importante fuente de ingresos para sus economías, no la apoyaron, pero tampoco la vetaron. En la misma línea, Malta (catalogado por muchos países como paraíso fiscal) y Eslovaquia se abstuvieron en la votación.
El forceps: Primera decisión fiscal aprobada por cooperación reforzada
Pero Bruselas echó mano de un nuevo procedimiento para avanzar en la toma de decisiones para seguir adelante: la cooperación reforzada. Se trata de un sistema, recogido en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Unión, que permite aprobar determinados acuerdos siempre que haya un mínimo de nueve países que los apoyen y ninguno de los restantes se oponga frontalmente. Es la primera vez que se aplica esta medida a una decisión fiscal, aunque ya había sido utilizada en dos ocasiones anteriores en otros campos, según explicaron fuentes de la Comisión Europea.
0,1% como tasa general y 0,01% para las transacciones en derivados
Este paso fue calificado que como un «hito de la fiscalidad europea», por el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, pero la realidad es no es más otra vuelta de tuerca una aspiración que se ha escuchado ya demasiadas veces en el seno de los debates políticos y a la que está costando demasiado tiempo materializarse: frenar la especulación financiera y ya de paso rascar algún ingreso para las dañadas arcas públicas de los países miembros.
Desde 2011 han sido varios los encuentros en los que la Comisión Europea ha intentado o al menos ha hablado de poner en marcha este freno a una forma de proceder en los mercados que está en el origen de la crisis financiera. A partir de ahora, los once países firmantes volverán a discutir sobre la idoneidad de tasar con 0,1% las transacciones entre todos los instrumentos financieros, excepto los derivados para los que la tasa se quedaría en un escueto 0,01%. Aún así, algunos expertos calculan que de ponerse en marcha podría implicar una recaudación de unos 37.000 millones de euros anuales.
En el bando contrario están los que alertan que una tasa de este tipo que no sea aplicada de forma consensuada por todos los países del mundo, sólo puede implicar una fuga de capitales desde los países en los que está vigente a aquellos en los que no lo está. En el caso europeo, las plazas financieras de Londres y Luxemburgo serían mucho más atractivas que el resto.
El pasado verano, Francia ya lo intentó en solitario al gravar con un 2% algunas operaciones bursátiles. La medida afectaba a 109 títulos cotizados en la Bolsa de París y esperaba recaudar alrededor de 1.600 millones de euros. A falta de un informe oficial sobre las consecuencias de la misma, los operadores de la Bolsa gala lo tiene muy claro. «Quién sale perdiendo es la propia bolsa de París, porque los operadores derivan sus órdenes a otras plazas en las que cotizan esas acciones, ya sea Londres, Nueva York e incluso Frankfort», asegura un gestor de bolsa que opera en territorio francés.
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