Más protección para el inversor minorista, cinco años después de los primeros problemas con preferentes

Han tenido que pasar cinco años desde que comenzaran los indicios de que  las participaciones preferentes no eran el producto atractivo que en un principio habían pintado las entidades financieras, para que un gobierno español intente poner coto a estas prácticas abusivas.  «El Gobierno entiende que la comercialización de los productos complicados no ha sido la más adecuada», ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Luis de Guindos, ministro de Economía.

Para evitar que estos abusos vuelva a producirse a ha aprobado un regulación que afectará principalmente a  la comercialización de  preferentes y deuda subordinada. En la que se va a exigir que en cualquier colocación de este tipo de productos, al menos el 50% deberá ir destinado a inversores institucionales  y serán ellos quienes marquen las condiciones de comercialización.  Además, se establecen una inversiones máximas para los minoristas de entre 75.000 para sociedades cotizadas y 100.000 euros para las no cotizadas.

Por otro lado, se  otorgan más poderes a la CNMV y se obliga a las entidades a tener un registro de productos complejos. Finalmente se obligará a poner al inversor minorista, que no cumpla los requisitos del test de conveniencia, de su puño y letra que conoce las condiciones excepcionales y el riesgo del producto que va a suscribir.