Primer paso para el control de las preferentes

Una firma de puño y letra y una inversión mínima de 100.000 euros, estas son las dos primeras armas con las que Gobierno pretende evitar próximos problemas en las comercialización de productos de inversión complicados como las preferentes.

En una entrevista concedida a la agencia Efe, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado algunas de las novedades que el Gobierno tiene previsto aprobar por Real Decreto el próximo viernes.

Además de esta regulación de los productos financieros, se regulará la Sociedad de Gestión de Activos (el llamado «banco malo») y redefinirá el marco de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que dará una mayor capacidad de supervisión.

El Gobierno está decidido a que no se repita el escándalo de las preferentes, un producto muy complejo que la banca vendió en las sucursales como si fueran depósitos, a clientes particulares, muchas veces sin conocimientos, y en ocasiones sin su consentimiento.

Hace un año la banca mantenía un saldo de 22.500 millones en estos productos financieros perpetuos, es decir, que no vencen nunca, y cuya retribución está ligada a que la entidad registrara beneficios.

Se calcula que más de un millón de clientes vieron atrapados sus ahorros en las preferentes, según las asociaciones de consumidores, que han llevado el caso ante la Justicia.

«Estos productos en muchas ocasiones son para inversores sofisticados, no son para colocar en las redes bancarias», ha apuntado el ministro, quien está convencido que con la nueva regulación «evitaremos situaciones como las que hemos vivido en los últimos años.

A partir del próximo viernes, toda entidad que coloque participaciones preferentes en las sucursales deberá destinar la mitad de la emisión a inversores institucionales, como fondos de inversión, a los que aplicará las mismas condiciones que a los particulares, para evitar discriminaciones.

Además, cuando la entidad emisora no cotice en Bolsa, se exigirá al comprador una inversión mínima de 100.000 euros. «Esto también será un elemento que limitará las posibilidades de

comercialización», ha apuntado el ministro.

Los bancos también tendrán que crear un registro de productos complejos para que se sepa que «hay algunos productos que, por su naturaleza, no son los más adecuados para el ahorrador normal«. Aun así, si un cliente «quiere adquirirlo, se le obligará a poner de su puño y letra que, a pesar de que no es el producto adecuado para él, lo quiere adquirir».