¿Qué es el IGC?

El IGC o índice de garantía de la competitividad es una de las medidas que implantará el gobierno a partir de enero de 2014. Con esta nueva metodología se prevé ahorrar unos 700 millones al año si la inflación supera el 2%. Además nuestra competitividad respecto a la Unión Europea aumentará. El INE presentará este índice con periodicidad mensual, y lo hará junto al IPC.

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Los efectos de la segunda ronda del IPC son los principales motivos que explican por qué la inflación en España ha estado históricamente por encima de la del conjunto de la Unión Europea (UE). Esta mayor inflación, de alrededor de un 1%, supuso durante la primera década de 2000 una pérdida constante de competitividad (un 12% de pérdida total). La crisis ha permitido revertir esta tendencia, lo que explica en parte el crecimiento de las exportaciones españolas durante la crisis.

Este nuevo índice será referencia en contratos privados con alguna previsión, donde no se especifique la cuantía de la inversión entre otros. También se usará en leyes de arrendamientos urbanos y rústicos. En caso de no pactar el alquiler se utilizará el ICG para subir el alquiler. No va a afectar al cálculo de pensiones ni a los instrumentos financieros, pero si a las tasas y a las telecomunicaciones entre otras. Y se estima un crecimiento adicional de la economía del 0,4%  desde el momento de su implantación.

En el sector público, se propone evitar que se actualicen precios de forma automática en función de un índice genera IPCl. En los precios regulados(billetes de autobús, gas butano, servicio de telefonía, productos farmacéuticos o sellos de correos) o en contratos públicos, las actualizaciones se harán en función de los costes y de la eficiencia del servicio que se presta.
cesta compra
La nueva Ley tendrá un amplio efecto en las economías familiares. Se estima que los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. En cuanto al sector privado, la adopción será voluntaria aunque, si no existe un acuerdo concreto se aplicará la no indexación de forma automática.

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