La reciente sentencia del Supremo en el caso de la autopista Madrid–Toledo está siendo analizada con lupa por las dueñas de las radiales de Madrid, que creen haber encontrado en este fallo el argumento legal para conseguir que el Estado asuma parte de las pérdidas de estas vías.
Los abogados de las grandes constructoras están analizando con lupa la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la autopista Madrid-Toledo. Este fallo, conocido hace dos semanas, confiere parcialmente la razón a Isolux, Comsa, Azvi, Sando y Banco Espirito Santo en el recurso que interpusieron contra el Estado, exigiéndole el reequilibrio económico-financiero de la concesión.
Las constructoras, titulares de la AP-41 Madrid-Toledo, acusan al Estado de haber construido una autovía paralela y de haber suspendido la ampliación de la concesión hasta Córdoba, como estaba previsto. Dos hechos que han derivado en el desplome del tráfico y en la práctica quiebra de la autopista.
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