Bombillas fundidas, baches en medio de la calzada, pasos de peatones descoloridos, fiestas patronales pobretonas… La posible lista de quejas municipales es muy extensa y la capacidad de los ayuntamientos para hacerles frente se acorta a toda velocidad. Por no quedarles, casi no les queda margen ni para subir impuestos.
Prácticamente, la mitad de los consistorios de las 50 capitales de provincia (más las dos ciudades autónomas) están a punto de agotar sus posibilidades de incrementar sus ingresos gracias a los tributos. Y eso, pese a que la Ley de Haciendas Locales de 2004 establecía rangos muy generosos a la hora de decidir las cuotas.
A este agotamiento tributario se le suma ahora la última medida adoptada por el Gobierno central, por la que se establecerá un techo de gasto a las administraciones locales del 3,2% anual. Nadie podrá presupuestar por encima.
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