Finalmente la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Morosidad que promueve CiU. Se encarga de establecer plazos máximos de 60 días en lo que respecta a los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días de plazos respecto a las administraciones públicas, a la vez se establece un periodo de adaptación en estos dos casos el que se extenderá hasta 2013.
A la vez se elimina la oportunidad que las empresas negociaran los plazos superiores de pago a los ya establecidos por ley. Dejando de lado la propuesta por parte de los socialistas ya que pretendían que dicha posibilidad se mantuviera en los contratos entre empresas que tuvieran una facturación de más de 100 millones de euros.
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