El sistema tributario español cuenta con un principio clave para asegurar la justicia fiscal: la capacidad económica. Gracias a él, la contribución de cada persona se adapta a su situación real, evitando que los impuestos comprometan su estabilidad financiera.
Este criterio garantiza un reparto equitativo de la carga tributaria y adapta el esfuerzo fiscal a lo que cada ciudadano pueda asumir. También se conoce como capacidad contributiva, ya que determina hasta dónde puede llegar la aportación de cada contribuyente de forma razonable y proporcional.
Qué es el principio de capacidad económica del contribuyente
El principio de capacidad económica del contribuyente es una de las bases del sistema fiscal español. Se encuentra recogido en el artículo 31 de la Constitución Española, que establece que todas las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica.
En términos sencillos, significa que cada ciudadano pagará impuestos en función de lo que tiene o de lo que gana, y no de la misma forma para todos.
Este principio evita que dos contribuyentes con situaciones económicas muy diferentes paguen la misma cantidad en impuestos. Permite adaptar la carga tributaria a la realidad personal de cada uno.
Así, quien dispone de más ingresos o patrimonio tiene una mayor obligación de aportar recursos al Estado, para que este pueda cubrir servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.
¿Por qué se aplica este principio en el sistema tributario?
La capacidad económica actúa como referencia de justicia tributaria. Un sistema fiscal justo no solo recauda dinero, sino que lo hace de forma equilibrada. Según este principio, se contribuye al gasto público en función de la riqueza real o potencial del contribuyente.
Esto incluye tres grandes indicadores:
- Los ingresos que se perciben, como salarios o rendimientos del negocio.
- El patrimonio que se acumula,[…]Leer noticia completa en la fuente original
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