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Los jubilados pagarán por los medicamentos. Los desempleados no.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado con las comunidades autónomas implantar el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que deberán pagar en las farmacias un 10% del precio de los medicamentos con receta que consuman, hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes. Para compensar, los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40%, no pagarán nada «hasta que encuentren trabajo».

 

Estas y otras medidas serán presentadas al Consejo de Ministros el próximo viernes, y se espera que entren en funcionamiento antes de dos meses. De ser así, el acceso a los medicamentos en España quedaría de la siguiente manera.

Jubilados con una renta inferior a los 18.000 euros, pagarán un 10% del precio de los medicamentos hasta un máximo de 8 euros al mes.

Jubilados con rentas superiores a 18.000 euros: pagarán un 10%, hasta un máximo de 18 euros al mes.

Jubilados con rentas superiores a 100.000 euros: pagarán un máximo del 10%.

Contribuyentes con rentas superiores a 100.000 euros: pagarán un 60% del precio de los medicamentos.

Contribuyentes con rentas entre los 18.000 y los 100.000 euros: pagarán un 50% del precio de los medicamentos.

Contribuyentes con rentas inferiores a los 18.000 euros: pagarán un 40% (como hasta ahora).

No pagarán nada:

Desempleados sin prestación,

Jubilados con pensiones mínimas

Contribuyentes que reciban la renta mínima

Otras medidas

Además, de esta reestructuración del acceso a los medicamentos, Sanidad ha introducido otras medidas para asegurar la sostenibilidad del modelo de asistencia sanitaria pública.

  1. Acabar con el turismo sanitario. El Estado prevé ahorrarse, en torno a los 1.000 millones de euros que cuesta cada año atender a los extranjeros que vienen a España con el único objetivo de ser atendidos en la sanidad pública.
  2. Gestionar el sistema de suministros de los medicamentos. Según explicó Ana Mato, el año pasado se tiraron a los puntos SIGRE de las farmacias más de 3.700 toneladas de medicamentos, lo que supone un coste de 1.100 millones de euros.  Se exigirá a los laboratorios una presentación más justada a las necesidades de cada enfermedad. El objetivo es que no sobre ni una sola pastilla en cada tratamiento.
  3. Unificación de plataformas de compra y centralización de la gestión de los medicamentos, para ahorrar, al menos, 3.500 millones de euros.
  4. Pacto socio-sanitario. Para que los enfermos con plaza en residencias pública no tengan que ser desplazados a hospitales y ahorrarse así, al menos 600 millones de euros.

Ana Mató también anunció que Gobierno y comunidades autónomas van a hacer un esfuerzo por implantar lo antes posible la tarjeta sanitaria electrónica que evitará la actual burocracia entre comunidades autónomas, así como la generalización de la receta electrónica y el historial clínico digital.

 

Categoría: Portada

Pilar Blázquez

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