Las reformas que realmente precisa el mercado español

Hace unos días, la ministra Fatima Bañez preanunció una nueva “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven” con medidas que incentivarán la puesta en marcha de una actividad por cuenta propia con menores cotizaciones para los que empiezan.

Si se sigue el proceso empleado por este Gobierno, para aquellos temas que considera patatas calientes, a este anuncio le sucederá un Informe al Consejo de Ministros, a este un anteproyecto y a este, dentro de un año, una Ley aprobada en Cortes. Independientemente de esta reflexión, el contenido del preanuncio me parece que apunta en la línea de lo que necesita nuestra sociedad.

Enfatizo la expresión sociedad, frente a la de economía, ya que nuestro Gobierno ha conseguido disociar las dos palabras, incluso llegando a enfrentarlas en sus medidas, logrando la mayor aberración intelectual posible en este ámbito, como es la de separar la gestión de los recursos escasos (que es lo que justifica la ciencia económica) del bien de las personas.

Recuperar la senda de la creación de riqueza

Solo así se logrará la creación de puestos de trabajo. La ministra ha hablado sobre la posibilidad de reducir las cotizaciones a aquellos que se lancen a desarrollar una actividad económica por cuenta propia y esto, repito, apunta buenas maneras. El problema ha surgido prácticamente en el mismo instante en que se anunciaban estas posibles medidas, ya que la ministra las ha limitado a seis meses, al menos aquellas verdaderamente significativas, y a un máximo de edad (30 o 35 años dependiendo del sexo?)

No resultan muy comprensibles las limitaciones que establece la ministra. Un emprendedor lo es –y ahora los necesitamos con urgencia– independientemente de la edad y el sexo. Salvo que nos encontremos ante un nuevo alarde de demagogia, como ya sucedió con los desahucios.

En países como Holanda, los nuevos empresarios no aportan un solo euro a la Administración hasta realizado el balance económico del primer año, entonces –en función del resultado– comienzan a aportar. Algo similar debiera desarrollarse en España, y sería de justicia ya que las grandes corporaciones, cuando tienen problemas económicos logran aplazamientos y quitas, en la Seguridad Social y en deuda tributaria, fuera del alcance de los pequeños empresarios y autónomos.

Prometer, prometer y prometer

Pero además debiera aplicarse lo prometido, e incumplido, en el programa electoral del PP, posponiendo la recaudación de los IVAs a los cobros de las facturas correspondientes, dejando el Estado de financiarse a costa de los que empiezan.

Otras reformas imprescindibles pasarían por la devolución trimestral de los IVAs no compensados, así como la condonación de las deudas con las distintas Haciendas Públicas y la Seguridad Social, tras el fracaso empresarial  –siempre que no se pueda demostrar dolo–, esto último hace que, a diferencia con otros países, el fracaso del pequeño empresario no se le perdone nunca, persiguiéndole en forma de deuda sobre su patrimonio, e ingresos futuros, hasta el abono total con sus intereses, o hasta la muerte del emprendedor. El aprendizaje que proporciona el fracaso, tan valorado en el mundo anglosajón, en España se limita a ¡Porqué me metería en esto, nunca más montaré un negocio!

Agilizar la obtención de licencias y permisos, así como la creación de empresas, reduciendo los plazos de los certificados registrales, los costes de inscripción, así como establecer que el capital mínimo preciso pueda ser de 300 euros, permitiendo la creación de microempresas.

Y así un largo etc. de “autenticas reformas” que, de sentir autentico interés por facilitar la recuperación de nuestra sociedad, este Gobierno debería acometer de inmediato.