La reforma de la pensiones sigue adelante y todo indica que el viernes será aprobado el anteproyecto de Ley por parte del Gobierno -entonces sabremos a ciencia cierta cómo será la nueva jubilación-. Sin embargo, ya contamos con una idea algo más clara después de que el Congreso diese su visto bueno al informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo.
Ahora queda conocer la propuesta definitiva y sobre todo si será posible alcanzar un acuerdo con los sindicatos, algo que en estos momentos no parece factible. Los puntos calientes siguen siendo el retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años -algo a lo que se han mostrado contrarios los sindicatos y la oposición- y elevar la cotización necesaria para cobrar la pensión de los 35 años actuales hasta los 40. Y es que el Pacto de Toledo sólo realiza recomendaciones generales, sin ofrecer decisiones concretas en muchos apartados.
Según explican desde Cinco Días, estas son las recomendaciones del Pacto de Toledo:
- Prolongar la edad de jubilación como «un objetivo necesario y deseable».
- Apostar por la prolongación voluntaria mediante ventajas fiscales y otras medidas como mejorar el tope máximo para los trabajadores que se mantengan en activo.
- Las prestaciones no contributivas de quienes no alcanzan los mínimos exigidos de cotización correrán totalmente a cargo de los Presupuestos del Estado.
- Se mantendría el poder adquisitivo ligado a la subida del IPC real cuando las previsiones del Gobierno hayan sido menores que el aumento efectivo de la inflación. Es decir, mantener el actual sistema para actualizar las pensiones.
- En caso de haber excedentes de la Seguridad Social estos se destinarían a aumentar la dotación del Fondo de Reserva del sistema.
- Extender la cotización a becarios de postrado y empleados del hogar, así como equiparar los derechos de los autónomos con el régimen general.
- Elevar tanto el tope máximo de cotización como la pensión máxima
- Modificarlo el tope máximo de cotización para aplicar a los años cotizados un mismo porcentaje.
- Mayor control sobre las prestaciones de incapacidad para luchar contra el absentismo y uso fraudulento.
- Regular y potenciar los planes de pensiones privados y garantizar la neutralidad del actual sistema.
En resumen, un progresivo retraso de la edad de jubilación en un marco legal más basado en la flexibilidad y gradualidad. En Lainformacion.com publican un interesante artículos con los efectos que tendrían estas medidas. La conclusión más clara es que de aprobarse las medidas con las cifras ya mencionadas, los jóvenes van a tener muy poco margen de error en su vida laboral para poder disfrutar de una pensión del estado completa.
Una persona que quisiese jubilarse a los 65 años debería empezar a trabajar y cotizar ininterrumpidamente desde los 24 años. Si contamos con los 67 años como umbral para la jubilación la cosa cambia y el escenario general es algo más flexible. Sin embargo, para determinadas carreras como Medicina esos 40 años pueden suponer un lastre.
En este sentido, se puede decir que la reforma penaliza en cierta forma los estudios universitarios. La duración de los estudios de grado varía entre los 3 y los 4 años de forma que un alumno que se licenciase cumpliendo año a año tendría entre 21 y 22 años en el momento de ingresar en el mercado labora, todo esto sin contar que el Plan de Bolonia busca un modelo educativo del ‘tipo anglosajón’ en el que cursar un máster es casi una obligación. De esta forma, quienes completen su ciclo formativo completo estarían en disposición de empezar a trabajar a los 23 años, con lo que su margen de error sería muy limitad.