En los primeros meses de la democracia, Enrique Fuentes Quintana puso la primera piedra de una reforma lógica que hoy está en el principio de su fin: la de la asimilación al sistema financiero de las cajas, instituciones nacidas un siglo y medio antes con objeto de captar ahorro para ayudar a los desfavorecidos y que, ya en 1977, habían perdido gran parte de su vocación original, a pesar de la pervivencia de la obra social. En la segunda década del siglo XXI, los clientes primigenios han sido desplazados por un subtipo de desfavorecido muy peculiar, cuya peripecia invita al sarcasmo, el “desfavorecido político”, cliente capaz de conseguir desde condonaciones de deudas a aperturas de líneas de crédito en situaciones de restricción, opciones vedadas para la mayoría del resto de particulares o empresas.
De la politización a la ineficiencia ha habido una distancia muy corta, más aún con el perjudicial viento de cola de la crisis del ladrillo, que ha provocado que el Banco de España cifre en 100.000 millones de euros los activos inmobiliarios problemáticos en los balances de las cajas.
De esta forma, estas instituciones están siendo sometidas a un complejo proceso de reestructuración que las obliga a definir su futuro en un tiempo muy breve, futuro que pasa por el juicio inminente del jueves día 10. En estas pocas semanas anteriores, los administradores de las instituciones han recibido un curso superior acelerado sobre lo que se puede hacer con una caja dado el nuevo marco legal. A saber: puede nacionalizarse si suspende los test de estrés para ser saneada; puede capitalizarse a niveles superiores a los de Basilea III con ayudas del FROB (¡otro! prestamista público) al 10%, siempre que la caja sea catalana; puede no capitalizarse a niveles superiores a los de Basilea III con ayudas del FROB al 10%, si la caja es gallega; puede esperar a que la propuesta de George Soros tenga éxito (no lo creemos) y que se le permita pedir prestado al fondo de rescate europeo (¡otro! prestamista público); puede esperar (rezando) a que inversores extranjeros, como Cerberus y Paulson, entren en su capital reforzándolo y mirando para otro lado en el asunto inmobiliario; puede esperar a que alguno de los 300 millones qataríes se destine a su recapitalización; puede fusionarse de forma tradicional con otras cajas y solucionar o no sus problemas de insuficiencia de capital; puede fusionarse virtualmente con otras cajas y formar un SIP para luego crear un banco para luego salir a bolsa… La lógica imperante dice que NO puede quebrar.
La mayoría de los analistas coinciden en que la reforma no incide en el punto crucial: el ajuste de valor de sus activos. También resulta preocupante que los test de estrés bancario no incluyan la liquidez. Un análisis estructural del problema nos lleva al análisis del bucle continuo asociado a las crisis bancarias: el exceso de crédito y la inexistencia de un análisis de riesgos fiable.
En el fondo, asistimos a un capítulo más en una guerra de riesgos atávica. El miedo al riesgo crediticio y a su hermano mayor, el sistémico, ha convertido al sector bancario, y muy especialmente a las cajas, en el hijo hiperprotegido de mamá Economía y papá Estado. Ya se sabe cómo se comportan los hijos con excesiva protección. Un mayor papel del riesgo moral en forma, con perdón, de pequeña quiebra de alguna pequeña institución financiera en alguna pequeña comunidad autónoma, tal vez podría evitarnos bochornos como los que estamos viviendo con cargo al contribuyente. Pero si no es así, este artículo, con mínimas variaciones circunstanciales en su contenido, volverá a ser escrito dentro de 15 o 20 años. Un eterno copiar y pegar.
Artículo de Ricardo Plaza
muy bueno Ricardo. me quedo con lo del exceso y el defecto