Desde luego vivimos tiempos convulsos desde el punto de vista político y económico. Sucesos y decisiones que hace unos años eran impensables, ahora se ejecutan con una rapidez sorprendente.
La Carta Magna, antaño un texto sacrosanto, se pretende modificar en apenas unos meses. El único precedente que tenemos de cambios en el texto se dio a raíz del Tratado de Maastricht, para permitir a los ciudadanos comunitarios presentarse a los comicios municipales.
Y llega el presidente Zapatero y anuncia que se va a introducir como deber constitucional que las diferentes administraciones públicas acaten la disciplina fiscal en sus cuentas. Se trata de plasmar algo que económicamente es lógico:
El Estado y las diferentes administraciones no deben endeudarse por encima de sus ingresos, salvo en situaciones extraordinarias y de forma temporal.
Este principio es económicamente bueno, al igual que lo es que en épocas de bonanza el Estado tenga superávit (ahorre) para hacer frente a años de reducción de los ingresos y aumento de los gastos.
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