¿Y si adoptamos el modelo anglosajón para el pago de la hipoteca?

La crisis ha puesto ha expuesto al mercado de los préstamos de una forma hasta hace poco inimaginable. A través de los medios de comunicación en el mejor de los casos y de allegados o en nuestras propias carnes en el peor de ellos, hemos ido conociendo los detalles de las hipotecas y algunas prácticas cuestionables desde un punto de vista ético que sin embargo eran habituales por parte de las entidades financieras.

Una de las lecciones que hemos aprendido es que la vivienda no es suficiente para cubrir el préstamo hipotecario. Es decir, que no se puede enviar al banco un sobre con las llaves de la casa y dar así por zanjada la deuda de la hipoteca, tal y como ocurre en Estados Unidos -el fenómeno se denomina jingle mail-. Y es que el modelo anglosajón sí que permite cancelar la hipoteca a través de la entrega del bien hipoteca. De esta forma, si se entrega la vivienda al banco nos podemos olvidar del préstamo y liquidar la deuda. Esto permite, por ejemplo, que si el precio del inmueble cae por debajo del valor de la hipoteca, podamos deshacernos de la casa sólo entregándosela al banco.

En España no es tan sencillo liquidar una hipoteca. La Ley de Regulación del Mercado Hipotecario establece una relación entre el bien hipotecado y el préstamo, pero al final lo que importa es la cantidad que se debe, no el valor del inmueble. De esta forma, en un proceso de embargo si la cantidad que el banco obtiene por la subasta del piso es inferior al total del préstamo, todavía seguiríamos debiendo dinero a la entidad. Pongamos un ejemplo: la familia Pérez no puede pagar su hipoteca, que asciende a 100.000 euros y el banco embarga la vivienda, que posteriormente subasta y por la que obtiene 80.000 euros. La familia Pérez todavía debería 20.000 euros al banco.

Evidentemente, este caso es una simplificación de la realidad, pero sirve para ilustrar como el embargo de la casa no sirve para liquidar la deuda. El banco podrá seguir reclamando la cantidad que se le adeuda e ir contra el resto del patrimonio del deudor e incluso embargar parte de su sueldo. Esto supone un lastre importante para las familias sin recursos, que además de perder su hogar ven como todavía siguen con una deuda que generalmente tampoco pueden pagar. Sin embargo, también es una forma de hacer que cada persona sea consecuente con sus inversiones (sí, la vivienda en una inversión) y que no pueda desistir de las mismas con facilidad.

Ahora, un grupo de entidades jurídicas y de la sociedad civil catalana han abierto el debate sobre qué modelo es mejor: el anglosajón o el español.  Su posicionamiento es claro a favor del primer supuesto (poder cancelar la hipoteca con la entrega de las llaves al banco) y por ello han remitido al Gobierno una propuesta para reformar la legislación actual. La iniciativa está impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuenta con el asesoramiento del Colegio de Abogados de Barcelona y con el apoyo de numerosas entidades, entre ellas la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Cataluña (Adicae). Y ya están recogiendo cientos de firmas a través de internet, según informan en Cotizalia.

Su argumento es similar al anteriormente expuesto:  si la venta de la casa no cubre la deuda la familia en cuestión firma en realidad su tumba financiera. Y en el contexto económico actual lo más normal es que la subasta del inmueble se quede desierta o que, de encontrar comprador, el precio no alcance para liquidar el préstamo. Comienza entonces el drama del embargo de la nómina y del resto de bienes, lo que según el colectivo que presenta la propuesta sólo sirve para aumentar el mercado negro.

La propuesta tiene su lógica desde el punto de vista social, pero también presenta fisuras. La diferencia radica en considerar la vivienda como una inversión o como ‘algo más’, de forma que no se invierte en una casa sólo para conseguir un beneficio. En este sentido, el problema del modelo anglosajón es que en teoría permite e incluso fomenta un comportamiento financiero hacia el ladrillo menos responsable que el español, que penaliza más al usuario en caso de no invertir en el momento adecuado. Un dilema de difícil solución, sobre todo en un país donde la picaresca es la seña de identidad de buena parte de la población.