Ahora parece algo sencillo para los grandes partidos lo de reformar la Constitución para introducir una regla de gasto (si no lo impide el movimiento ciudadano que empieza a generarse). Pero en 1978, que es cuando se aprobó el texto, hubiera sido imposible.

¿Por qué? Por la sencilla razón de que cualquier referencia a una planificación económica marcada de antemano en la Carta Magna sonaba a dictadura (ya fuera comunista o fascista). Entonces, cada coma, cada palabra, cada matiz semántico o sintáctico se miraba con lupa. Y los constituyentes optaron por las generalidades a la hora de zambullirse en los preceptos económicos.

Aunque la Constitución de 1978 está repleta de referencias a los números. Por un lado, está el bloque de artículos enmarcados entre los Capítulos II y III del Título I: De los principios rectores de la política social y económica. En él se incluyen derechos de ciudadanos y orientaciones para los gobiernos. Y por otro, y de una forma más genérica aún, el propio Título VII al completo, cuyo nombre lo dice todo: Economía y Hacienda.

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