Los puntos oscuros de la relación sanidad pública – sanidad privada

Os traigo aquí el artículo de Guillermo Abril, Elena G. Sevillano y Jaime Prats publicado en “El País. com” sobre la privatización de la Sanidad, bajo el título “De la pública a la privada y al revés“. Os recomiendo su lectura para entrar en contexto.

Lo primero, es deciros que soy un defensor de la iniciativa privada frente a la pública. Creo que la iniciativa pública no debe prestar servicios que ya se estén prestando en un mercado de libre competencia, y donde los ciudadanos puedan elegir libremente.

El problema es que nuestra asistencia sanitaria es un monopolio financiado por los contribuyentes, donde muchos de sus ciudadanos no son libres para elegir dónde quieren recibir atención médica (salvo para los 1,55 millones de funcionarios que atiende MUFACE, que pueden elegir asistencia sanitaria del servicio público o de entidades de seguro libre como “Sanitas”). Si eres un ciudadano “normal” y quieres recibir asistencia privada, tienes que pagarla de nuevo. Ya que es el contribuyente quien financia con sus impuestos la asistencia que recibe ¿por qué no puede decidir dónde recibirla?.

Muchos piensan que la asistencia sanitaria pública es mucho mejor que la privada, pero por favor, seamos sensatos y dejen que sea el propio ciudadano quien valore los servicios que recibe.

Hay que decir que nuestra Sanidad Pública es una de las mejores del mundo, pero no podemos olvidar que tener lo mejor también implica a veces un coste superior. Mantener las prestaciones de nuestro sistema sanitario, con una población media que envejece y que aumenta su esperanza de vida es llevar a sus contribuyentes actuales y futuros, que la financian, a destinar cada vez más dinero a su mantenimiento.

Y es que algunos no entienden que la Sanidad, o cualquier servicio público no son gratuitos, sino que son los ciudadanos quienes lo financian a través de sus impuestos.

Dicho esto, pienso que una gestión sanitaria exenta de “carácter político”, llevada a cabo con criterios de eficiencia empresarial y en un mercado en plena competencia debería mejorar la valoración que de la misma obtengan los ciudadanos.

En Valencia, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y otras Comunidades Autónomas se vienen realizando trasvases de gestión, de lo público a lo privado, siendo normalmente beneficiarias las empresas Ribera Salud y Capio. Pero en estos trasvases hay algo que me intriga y que no he visto publicado aún por ningún medio:

La subasta pública de la prestación de servicios. Sistema de adjudicación de contrato, tiempo de duración del contrato, precio del alquiler de los edificios e instalaciones, condiciones de la prestación, sistemas de control, penalizaciones en caso de incumplimiento, coste de los servicios, revisión anual, sistemas de evaluación de la calidad del servicio, etc…
El precio pagado por la adjudicataria o canon. Cuando externalizas un servicio la empresa adjudicataria obtiene unos flujos de caja, unos beneficios,… y por tanto, hay que evaluar el VALOR de la concesión.

Externalizar un servicio y no obtener el vendedor un canon o valor de traspaso, además de una mejora en los costes de gestión, no sería de recibo económicamente hablando, sería una insensatez o un engaño a la ciudadanía.

Obtener un coste inferior en las tareas de trabajo diario no será difícil para una empresa externa a la Administración. A partir de iniciar su gestión deberían desaparecer de sus cuentas el coste político, el coste de “la casta” incrustada en el sistema, el coste de algunas de las prebendas de que disfrutan las empresas suministradoras, prebendas de los representantes de los trabajadores, los propios trabajadores cuando tienen condiciones laborales que no están al alcance de todos y que financiamos los contribuyentes, etc…

Bueno, de estos ahorros es de donde nacen los flujos de caja y de donde nos aparece el VALOR del traspaso, valor de traspaso que aumenta los ingresos de la Administración en el año que los recibe.Podríamos no llegar a cobrar canon de traspaso, pero para ello tendríamos que trabajar a coste de producción más un porcentaje de margen (porcentaje feed) irrisorio o mínimo, por ej. del 0,5% de la facturación.Entiendo que nuestros gobernantes han obrado correctamente. Hubo una subasta pública, hay un alquiler comprometido por el uso de los edificios, hay una fórmula de reparto de las sinergias que obtiene la empresa privada al realizar otras prestaciones de servicios médicos en estos mismos edificios, hay un canon de traspaso recibido, hay fórmulas de control de servicio y de calidad de las prestaciones, etc…¿Por qué nuestros gobernantes no han comunicado las bondades de este magnífico contrato? A fin de cuentas, sería de agradecer, ya que la mayoría de contribuyentes del país saldrían beneficiados con el pago de menores impuestos.Y por otro lado, pienso, ¿cómo es posible que algunos servicios públicos tengan un coste superior al que se obtendría si éste fuese prestado desde una empresa privada?

Pensad, el diferencial de costes tan importante con el que cuenta una Administración Pública y con el que no cuenta una empresa privada, no tiene que presentar beneficios a sus socios, ni pagar impuestos por su obtención, y además tiene la ventaja del volumen de negocio al ser la primera empresa del país. Pues pese a estas grandes ventajas, la ineficiencia en la administración de recursos, el parecer que no es de nadie “el cortijo”, la grasa clientelar y política que incluye, hace que muchas Administraciones y servicios públicos sean tremendamente caros para ser sufragados por el conjunto de la ciudadanía. Se impone una renovación, más bien una revolución, en la gestión de lo público.

Parte de la respuesta a la pregunta planteada quizá esté en el funcionamiento del sistema, en nuestra “casta política”. En el 2000, se me ocurrió escribir una carta al Presidente del Gobierno – Don José María Aznar -, en referencia a los ahorros que se podrían obtener en la adquisición de medicinas para el sistema público de salud, si se:

Centralizaban las compras
Utilizaban genéricos, es decir se compraba por principio activo.
Daba una medicación exacta y no ajustada al envase.
Utilizaban grandes envases, en lugar de medicinas con “bonitos” envoltorios.
Distribuían diariamente desde grandes almacenes a hospitales y ambulatorios.
Dispensaba en ambulatorios y hospitales las dosis prescritas por los médicos.
Liberalizaba la apertura de farmacias, aunque siempre con un titulado al frente.

No esperaba respuesta, pero llegó. Desde su Gabinete de Presidencia decían que lo pasaban a la … Digamos al “valle de los justos”.

¡Claro! Inocente de mí, no pensé que era algo que no querían de verdad corregir, puesto que sino dejarían de ocupar los magníficos puestos que les ofrecían para su jubilación las empresas farmacéuticas en sus Consejos de Administración.

Seguimos igual… y eso que en aquellos cálculos de 2000 me aventuré a expresar una bajada de la factura farmacéutica de más de un 30%.

Puedes leer todos los análisis de Francisco Fernández Reguero en su blog Desde mi Atalya