Si algo ha conseguido Uber, además de hacer engordar las cuentas bancarias de su creador, es despertar una enorme polémica en el sector del taxi y del transporte, para quienes además de ser competencia desleal supone un delito. ¿Qué leyes incumple Uber? ¿Quien incurre en un delito al utilizarlo, pasajero, compañía o conductor? Estas son dos de las dudas que se ciernen sobre este servicio, que vuelve a poner de manifiesto que tecnología y legislación avanzan a marchas muy diferentes.
Quienes conocen la existencia de Uber desde su nacimiento en 2012 sabían que era cuestión de tiempo que la polémica saltase y alcanzase proporciones de revuelta entre taxistas y empresas de transporte. Entre las acusaciones más suaves hacia esta plataforma destacan el de competencia desleal o intrusismo y entre las más serias, una emergen con fuerza: incumplimiento de la legislación y por lo tanto comisión de una falta o un delito.
¿En qué consiste Uber?
Uber es una aplicación móvil que básicamente pone en contacto a personas que quieren realizar un trayecto dentro su ciudad y a conductores que estén siguiente esa ruta y estén dispuestos a llevar al pasajero a su destino. A cambio, el pasajero pagará al conductor una cantidad de acuerdo con las tarigas que marca la empresa. En principio este servicio surgió para facilitar el acceso a taxistas y conductores profesionales, pero no tardó en crear una variante llamada UberPOP dirigida también a particulares y que es la que más polémica está levantando.
Su funcionamiento es muy sencillo. Básicamente el usuario se descarga la aplicación, entra en ella y solicita el tipo de vehículo que desee, incluyendo la posibilidad de elegir un taxi o un transportista profesional. A continuación habrá que indicar la ubicación y la app indicará cuánto tiempo puede tardar en coche en llegar. Las tarifas del servicio son fruto de una combinación entre distancia recorrida y tiempo invertido y varían en casa ciudad. En Barcelona, la tarifa base es de 30 céntimos por minuto y 75 céntimos por kilómetro. El pago se realiza a través de PayPal o a través de la tarjeta de crédito que el usuario deberá de haber asociado a su cuenta de Uber.
El negocio para Uber está en las comisiones, pues se lleva un 20% del coste total del viaje.
¿Es todo legal?
El sistema tienen innumerables ventajas para el usuario, empezando por el ahorro y siguiendo por la mayor disponibilidad de vehículos. Sin embargo, no está exento de problemas legales. A finales de 2012 Enrique Dans hablaba de la complejidad de la regulación de la tecnología en relación a Uber y un año y medio después estamos ante una cuestión que sigue sin resolverse. ¿Es legal este servicio? ¿Se incumple alguna ley por parte de Uber? ¿Y del pasajero o el conductor?
Desde Uber argumentan que la compañía no incurre en ningún delito, pues sólo se limita a poner en contacto a conductores con pasajeros. El problema aquí radica en que este tipo de actividades están reguladas en España de forma que para que un conductor transporte a una persona de un punto a otro y cobre por ello debe contar con una licencia de actividad profesional, además de cumplir el coche, conductor y empresa que ofrece el servicio con una serie de requisitos mínimos. Por eso mismo, con la legislación en mano Uber es ilegal a todas luces, como recalca Ibañez desde Motorpasión.
Sin embargo, no es menos cierto que desde la Comisión Europea ya han adelantado que no prohibirán este servicio ni otros similares que más tarde recapitularemos. Desde Bruselas abogan por un cambio normativo y por llegar a un entente para que este tipo de iniciativas, que supone un ahorro de costes, puedan coexistir con otras tradicionales como los taxis.
¿Es legal ser conductor de UberPOP?
La respuesta más obvia es que no. Para poder ejercer es necesario contar con una licencia de actividad o que la empresa cuente con ella. Además, está el hecho de que, como ya apuntó Gaspar Llamazares, para poder ejercer esta actividad empresarial y en general cualquiera, es necesario estar dado de alta en la Seguridad Social, cosa que no cumplen la mayoría de conductores de Uber.
Uno de los problemas en este punto es que, como ocurre con los contratos mercantiles, la responsabilidad no recae sólo sobre la empresa, sino que también es el propio trabajador quien debe cumplir con esta premisa. Dicho de otra forma, la empresa no tiene por qué perseguir a sus colaboradores para averiguar si están o no dados de alta como autónomos en la Seguridad Social. Sin embargo, en este caso sí que debe cerciorarse de otras cuestiones y de que sus conductores cumplan una serie de requisitos para poder transportar viajeros.
Uber no está solo: otros servicios similares
El caso de Uber y su versión UberPOP es el más sonado pero no el único que está levantando críticas. En España también funciona BlablaCar. A diferencia de Uber, Blablacar es una red social que pone en contacto a personas que quieren realizar un mismo viaje. En este sentido el conductor o dueño del vehículo se tiene que dar de alta en la plataforma, indicando el tipo de vehículo que conduce. Después, cuando quiera realizar un viaje, deberá calcular el precio por asiento y publicarlo. Se trata de un precio no negociable y para el que Blablacar impone un techo en función del tipo de vehículo, distancia a recorrer etc…
A partir de ahí, las personas interesadas en ese viaje podrán contactar con el conductor y sumarse, compartiendo así gastos. La idea no es que el conductor gane dinero con el transporte, sino que todos compartan gastos y ahorren. En este sentido, el servicio es muy diferente y queda fuera de los problemas legales a los que nos hemos referido con Uber. No hay beneficio ni prestación de servicio, puesto que se supone que el conductor ya pensaba realizar el viaje, sólo comparte gastos.
La tercera alternativa en discordia es Cabify, que consiste en un servicio para contratar coches de gama alta a bajo costea través del móvil y de realizar el pago también de forma telemática. A través de la aplicación se podrá elegir modelo y después nos indicará dónde se encuentra el coche que vendrá a recogernos.
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