Cartelización colectiva

Unilever se ha visto obligada a desprenderse de la marca Sanex para adquirir Sara Lee, requisito impuesto por la Unión Europea en base a la protección de las condiciones de competencia en algunos de los países miembros. Gol TV, filial de Mediapro, ha sido multada con 500.000 euros por abusar de su posición de dominio en el mercado de los derechos de retransmisión del fútbol, impidiendo la entrada al mismo de otros operadores. Siete empresas de productos de peluquería han sido sancionadas con 51 millones de euros en total por formar un cártel durante 19 años. L´Oreal pagará la que más, 23 millones de euros. DSP Haircare Products la que menos, apenas 300.000. Son tres noticias de este mes de marzo de 2011.

Desde los tiempos del monopolio petrolero de J. D Rockefeller, las modernas economías de mercado han desarrollado mecanismos para restringir el poder de fijación de precios en el mercado de bienes y servicios. Leyes antimonopolio y anticolusión, desregulaciones, Tribunales y Comisiones de defensa de la competencia, incluso existe un comisario europeo encargado de la Cartera de Competencia al que conocemos bien, porque podría haber sido nuestro presidente del gobierno. Leyes, organismos y responsables políticos que defienden en cada vez más sectores económicos la bondad de la economía competitiva.

El mercado de trabajo no parece, de momento, seguir el ritmo del mercado de bienes en esa búsqueda de la eficiencia competitiva. Estos días continuamos vigilando el sondeo mutuo entre patronal y sindicatos en torno a la flexibilidad y los salarios, para dar la bienvenida a la llegada de los acuerdos colectivos, que no son otra cosa más que el nombre que reciben en este mercado los acuerdos de cartelización ya que, no lo olvidemos, un sindicato no es más que un monopolio de oferta de trabajo. La negociación colectiva avanza lentamente, casi distendida ante la paciencia paternal del Gobierno. Parece ajena a la urgencia de los tiempos que, por cierto, ya no son los del abusivo Rockefeller.

Según la teoría económica más ortodoxa, la reducción de la tasa de paro es una de las ventajas que otorga la pérdida del poder monopolista de las empresas y de los sindicatos, derivada de los menores márgenes que podrán imponerse en el mercado de bienes y de la mayor flexibilidad de los salarios y de las condiciones laborables en el mercado de trabajo.

Por eso, desde hace tiempo cabe preguntarnos si estos síndicos, estos “hombres elegidos por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses”, tal y como los define el diccionario, son realmente necesarios, en su estructura actual, para velar por los verdaderos intereses de los trabajadores españoles o si, por el contrario, son una razón explicativa de nuestros 5 millones de parados.

Artículo de Ricardo Plaza