Es muy triste la desfachatez de la Administración Pública en cuanto a la contratación de bienes y servicios a las empresas y autónomos. Lo que se contrata, se debe pagar en un plazo razonable, que el tejido empresarial no tiene el porqué financiar un Estado del Bienestar que el Estado no puede o no sabe mantener.
Realmente es penoso que se hable de políticas de generación de empleo, cuando con pagar los casi 15.000 millones que se deben a los autónomos se habría podido evitar que 260.000 trabajadores por cuenta propia se vieran obligados a cerrar los negocios (por la mosoridad pública y privada).
Con esta forma de contratar y pagar del sector público, el ejemplo que dan para que se cumpla la Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales es nulo. El típico ejemplo de papel mojado que acostumbran a legislar cuando de regular la economía se trata; y fue una transposición de una normativa europea, no iniciativa del Estado Español.
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