La política energética hunde España

Una de las materias primas que aumentan, o reducen, la competitividad del sector industrial, al tiempo que mejoran, o empeoran, la renta disponible de las familias, es la energía, en sus diversas expresiones. Nuestro país se encuentra inmerso en la mayor depresión que hemos sufrido en los últimos 70 años, y nuestra política energética, lejos de ayudar a superar esta situación, contribuye en gran medida a empeorarla.

A este respecto, la táctica de culpar al Gobierno de Zapatero no sirve, ya que hace 40 años, con una moneda mucho más débil, en España teníamos la electricidad, el gas y los combustibles derivados del petróleo más baratos de Europa, pero desde entonces no han parado de encarecerse, principalmente por causa de decisiones políticas, no por la evolución de los mercados mundiales, llevándonos a ocupar posiciones entre los países más caros, superados, en el sector eléctrico, solo por Malta y Chipre.

Hace unos días el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, manifestaba – en una intervención parlamentaria – que, entre 2006 y 2012, los costes  de la energía eléctrica se han duplicado, por el aumento de todos los conceptos de actividades reguladas, situándolos en el 20% y el 38% más caros, según se trate de consumidores industriales o del resto.

El Ministro Soria ceñía el inicio de la crisis a la etapa de gobierno de Zapatero, así como a las renovables, pero la verdad es que la gran crisis viene de más atrás y afecta a todos los ámbitos energéticos. En concreto en electricidad solo entre 1998 y 2009 el incremento fue del 77,1% para consumidores industriales.

No hace mucho el Ministro se mostraba públicamente preocupado por el hecho de que la gasolina en España, antes de impuestos, fuera la más cara de la UE, sin recordar que fue también en tiempos de Aznar, con la bendición de De Guindos, cuando se produjo un cierre a la competencia, de tal magnitud, que obligo a marcharse a petroleras tan importantes como Shell, Texaco o AGIP.

Algo similar podríamos decir sobre el gas, convertido por un Gobierno de Aznar, en moneda de cambio para pactar con los nacionalistas catalanes, otorgándole a Gas Natural la capacidad de bloquear, a posibles competidores, el acceso a las redes logísticas. Sobre este tema recomiendo el artículo “¿Por qué pagamos la energía más cara de Europa?” de Roberto Centeno. (http://blogs.elconfidencial.com/espana/disparate-economico/2012/10/29/por-que-pagamos-la-energia-mas-cara-de-europa-7614 )

En síntesis podríamos afirmar que la esencia del problema consiste en la conversión de unas actividades en régimen de  monopolio de empresas públicas a un régimen de monopolio, u oligopolio, de empresas privatizadas.

En definitiva la falta de competencia ha sido la constante en estos sectores desde tiempo inmemorial hasta nuestros días. La diferencia en orden a la Misión de esas empresas es que anteriormente se encontraban al servicio de los intereses de la política de turno y actualmente al servicio de los intereses de los accionistas de referencia. En ambos casos se han subordinado los intereses de los consumidores, a los que se tiene cautivos.

Fue esta actitud prepotente la que llevó al último Gobierno Aznar – una vez más – a aprobar la ley de energías renovables más disparatada del planeta, dado que estableció las primas más altas y por más tiempo del mundo,  mostrando que no están pensadas para beneficiar al consumidor sino a los promotores, que por cierto, en su mayoría, fueron de origen constructor o inmobiliario. Política esta que fue continuada por Zapatero y culminada por Montoro – la vergüenza de las últimas adjudicaciones de termosolares, ya en plena crisis – con la pasividad de Rajoy. (Ver mi artículo “La política de desarrollo de energías renovables ha pasado de insostenible a inmoral”

http://www.josebarta.com/2010/05/10/la-politica-de-desarrollo-de-energias-renovables-a-pasado-de-insostenible-a-inmoral-1-031/  )

El recientemente nombrado Secretario de Estado Alberto Nadal, fijó, el día de su toma de posesión, como prioridades para su departamento “mejorar la eficiencia, competitividad y transparencia del sector para aliviar los costes que pagan familias y empresas.” No tengo elementos para dudar de su buena voluntad, pero sí de su capacidad real para lograrlo.

¿Qué medidas se pueden adoptar?

Respecto a las renovables parar por completo las nuevas adjudicaciones y revisar las existentes. Si se realizan “quitas” a los compradores engañados con las Preferentes, ¿no se les va a realizar ”quitas” a especuladores medioambientales? Algo similar se debiera realizar respecto al déficit de tarifa eléctrica.

Respecto a los precios de los derivados del petróleo y el gas, ante la ausencia real de un mercado de libre competencia, se tercia establecer un sistema de precios máximos.

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